JUICIO A REPRESORES PAMPEANOS

Doce represores pampeanos serán juzgados en 2010 por delitos de lesa humanidad Doce represores de La Pampa, que actuaron en la denominada Subzona 14, serán juzgados en 2010 acusados de delitos de lesa humanidad, proceso por el que pasarán más de cien testigos y se estima que se extenderá por tres meses.

"Hace más de 30 años que esperamos este juicio por la verdad, tiempo en el que muchas de las víctimas ya no están y murieron sin ver el castigo a quienes violaron los derechos humanos, creemos que será un juicio histórico porque saldrá la verdad a la luz y se juzgará a los responsables de nuestro secuestro y torturas", dijo a Télam, Raquel Barabaschi, una de las querellantes en éste proceso. Barabaschi manifestó su ansiedad de que "los pampeanos conozcan quienes son los represores y quienes fueron sus cómplices civiles, los que también hoy caminan y transitan las mismas calles que nosotros, con total impunidad". "Quienes padecimos el secuestro y la tortura, queremos que los pampeanos sepan que La Pampa no fue una isla en la dictadura, que hay más de 270 víctimas y que hubo una complicidad del poder político", enfatizó. En la causa de la Subzona 14 hay un total de once represores pampeanos imputados, que deberán responder a un tribunal federal, que por el momento está en minoría, ya que sólo está designado su presidente, el juez José Maria Triputti, y aún faltan dos de sus miembros. Los represores están acusados de los delitos de lesa humanidad -secuestros y torturas- sobre unos 28 presos y presas por cuestiones políticas. Fue en agosto pasado cuando el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, determinó que los oficiales del Ejército y la Policía provincial involucrados fueran juzgados en el lugar de los hechos, por lo que ya comenzaron los preparativos para el debate oral y público. Estarán en el banquillo de los acusados el teniente coronel Fabio Carlos Iriart, quien se desempeñó en esos años como comandante de la subzona; el coronel Néstor Greppi, secretario general de la gobernación de La Pampa; y el coronel Oscar Cobuta, jefe del regimiento de General Pico, entre otros. La nómina se completa con el inspector mayor de Policía de La Pampa Roberto Esteban Constantino; el Subcomisario Roberto Oscar Fiorucci, quien operó como Jefe de Informaciones del Grupo de Trabajo; y el Comisario Principal Omar Aguilera, quien se desempeñaba como Jefe de Operaciones del Grupo de Trabajo. También deberán ocupar un lugar en el banquillo de los acusados el Auxiliar Athos Reta, integrante de los Grupos de Operaciones e Informaciones; y los oficiales sub ayudantes Néstor Bonifacio Cenizo y Antonio Oscar Yorio; además de los Oficiales Carlos Alberto Reinhart; Hugo Marenchino y Roberto Escalada. Se estima que el juicio durará entre tres y cuatro meses, cuando desfilarán entre 120 y 150 víctimas y, considerado un juicio histórico para la región, aún no se encontró un lugar físico acorde para su realización, ante la probable presencia de numerosos medios de comunicación, representantes de organizaciones y público en general.

Fuente. Telam

MASACRE DE PALOMITAS

Sombras de un juicio en Salta

El proceso contra los responsables del asesinato de doce presos políticos durante la última dictadura se realiza a puertas cerradas y sin público.

M. N.
25.01.2010

Silencio. El juicio contra Hugo César Espeche, Carlos Alberto Mulhall y Miguel Gentil; no hay cámaras de TV ni testigos.

La masacre de Palomitas es uno de los mayores emblemas del terrorismo de Estado en Salta. Como un insolente paralelismo de aquella noche de 1976 en la que doce presos políticos fueron fusilados por el Ejército, el juicio a tres de sus responsables se realiza desde hace semanas en un oscuro silencio. El proceso es a puertas cerradas, sin público ni difusión. A diferencia de otras causas por delitos de lesa humanidad, en el expediente se aplica el Código Penal de 1889 que no prevé audiencias orales sino papeles escritos que navegan entre tribunales, defensores y querellantes. El juez y el fiscal no estuvieron presentes en la toma de pruebas testimoniales.

Después de años de quietud, en los que decenas de miembros del Poder Judicial se pasaron el expediente como brasa caliente, el 7 de enero comenzó el juicio por la masacre de Palomitas. La primera audiencia testimonial no fue noticia. Tampoco la segunda, ni la tercera. La televisión no mostró los rostros de los coroneles Hugo César Espeche, Carlos Alberto Mulhall y Miguel Gentil porque el juicio no es público. Además, porque los tres imputados ni pisan tribunales. Se enteran del avance del juicio por sus abogados, mientras gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.

La causa, a cargo del juez federal Carlos Olivera Pastor, es un tramo del expediente principal y se la conoce como Palomitas I. Juzga al mayor retirado y propietario de una agencia de seguridad quien aquel anochecer del 6 de julio de 1976 fue el encargado de retirar del penal de Villa Las Rosas a los detenidos que horas después terminaron acribillados.

El proceso, que aún debe atravesar por la instancia de alegatos, últimas palabras y sentencia, también investiga la responsabilidad que tuvieron en la masacre el interventor de la policía local, Gentil; y el entonces comandante de la Guarnición Ejército Salta, Mulhall, creador de la versión oficial que intentó ocultar la masacre bajo un supuesto “enfrentamiento entre subversivos”.

En pocos meses, la Justicia dirá si Espeche, Mulhall y Gentil son inocentes o culpables. El juicio llegará a su fin sin estridencias y la historia quedará archivada en las páginas de los 40 cuerpos que hasta hoy acumula el expediente.

Fuente: www.criticadigital.com.ar

CAUSA AREA PARANA

Publicado por "EL DIARIO" 26/01/10.-

ÁREA PARANÁ .

Tras la feria judicial podrían pedir nuevas detenciones Sigue su curso la investigación por el robo de bebés en el Hospital Militar de Paraná.

Los investigadores apuntan a la conformación de los grupos de tareas que secuestraban a militantes políticos en Paraná y alrededores y podrían solicitar la detención de varios ex policías provinciales y federales, como también de reconocidos médicos que trabajaron en el Hospital Militar durante la última dictadura.

Las investigaciones por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar continúan su curso a pesar del receso judicial de verano y el ojo está puesto en desentrañar la conformación de los grupos de tareas que operaban en la zona, que integraban principalmente policías provinciales y federales, bajo el mando de altos oficiales de las Fuerzas Armadas. La intención judicial es establecer también el rol que les cupo a varios médicos paranaenses que trabajaron en el Hospital Militar y atendieron a presos políticos tras las terribles sesiones de torturas a que eran sometidos en los cuarteles. Fuentes judiciales confirmaron a EL DIARIO que luego de la feria “habrá novedades”, a partir de una trabajosa investigación sobre el entramado en el que se movían los militares, con la complicidad de policías, agentes penitenciarios y profesionales civiles. Desde fines del año pasado, nueve represores se encuentran detenidos acusados por graves violaciones a los derechos humanos, en el marco de la causa denominada “Área Paraná”, en la que se investigan las desapariciones y asesinatos de Claudio Marcelo Fink, Victorio Coco Erbetta, Juan Alberto Beto Osuna –sus restos fueron recuperados e identificados–, Carlos José María Fernández, Agustín Goiburú y Pedro Miguel Sobko; y alrededor de 70 casos de secuestros, privaciones ilegítimas de libertad y torturas en la zona oeste de la provincia. Sin embargo, es imposible pensar que sólo nueve personas cometieran tales crímenes y aun que fuera una veintena, si se considera el total de imputados que tenía la causa cuando fue archivada por imperio de las leyes de impunidad. INICIO. Las causas por el rol de los militares durante la dictadura comenzaron con los Consejos de Guerra realizados entre 1976 y 1977 contra la mayoría de los detenidos políticos, que terminaron condenados a largas penas de prisión. Tras el advenimiento de la democracia, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas asumió la competencia para investigar a sus integrantes a través de los Jueces de Instrucción Militar. Sin embargo, la ley establecía en un apartado que si la Cámara Federal de Apelaciones “advirtiese una demora injustificada o negligencia en la tramitación del juicio asumirá el conocimiento del proceso cualquiera sea el estado en que se encuentren los autos”. La negligencia y demora injustificada permitió el cambio de jurisdicción y en 1987 la investigación pasó a manos de la fiscal Olga Taybo y el fiscal adjunto Juan Varisco Bonaparte. Ante la inminencia del vencimiento del plazo fijado por la ley de punto final para extinción de la acción penal, se citó a prestar declaración indagatoria a militares y policías con distinto grado de responsabilidad en la represión ilegal, pero no abundó en las investigaciones hacia los grupos operativos, aunque la medida quedó sin efecto por la sanción de la ley de obediencia debida. REINICIO. El 11 de mayo de 2004, la jueza federal ad hoc, Myriam Galizzi, ratificó la validez de la norma que calificó de “insanablemente nulas” a las leyes de impunidad y declaró la inconstitucionalidad de los indultos presidenciales firmados por Carlos Menem en 1989, abriendo el camino para la continuidad de las investigaciones. Desde entonces, el proceso estuvo paralizado por más de cuatro años hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al pedido de los represores para que el juicio se realice por el antiguo sistema judicial, vigente en el momento en que se inició la causa, que establece que la instrucción y el juzgamiento se realice por el procedimiento escrito y cerrado. A la vez, se iniciaron otras causas penales por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado: la Masacre de La Tapera, en la que fueron asesinados Osuna y Fernández; la detención y torturas de una militante en diciembre de 1975; y el secuestro del médico paraguayo Agustín Goiburú en el marco del Plan Cóndor. Las tres se anexaron a la denominada Área Paraná. Otra causa corre un camino separado en el Juzgado Federal de Paraná, que es la investigación por el robo de dos parejas de mellizos nacidos en el Hospital Militar de la capital entrerriana durante el cautiverio de sus madres y que tiene a varios militares y un médico detenidos. Una pericia realizada por profesionales del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación determinó que el ex interventor militar y hombre fuerte en la provincia durante la dictadura, Juan Carlos Ricardo Trimarco, no está en condiciones de ser sometido a proceso y lo declaró inimputable. En el informe se consignó que el represor padece “una enfermedad neurológica grave” y que “los hallazgos imposibilitan al demandado (Trimarco) para declarar”. La pericia fue declarada nula, entre otras irregularidades, porque se omitió notificar al perito de parte que presentó la querella, por lo que la jueza federal Myriam Galizzi ordenó que se practique nuevamente. Uno por uno Actualmente hay nueve represores detenidos. José Anselmo Appelhans, Jorge Humberto Appiani, Rosa Susana Bidinost, Ramón Genaro Díaz Bessone –está preso en Rosario– y Hugo Mario Moyano fueron arrestados el 4 de junio del año pasado; mientras que Ramón Oscar Balcaza, Oscar Ramón Obaid, Alberto Rivas y Carlos Horacio Zapata fueron apresados el 1º de diciembre. Appelhans es un ex suboficial mayor del Ejército que fue director de la Unidad Penal Número 1 de Paraná –donde funcionaban los centros de tortura conocidas como Unidad Familiar y Casa del Director– y tenía a su cargo la cárcel de mujeres y toda la estructura penitenciaria, por lo que disponía de la salida de presos políticos a sabiendas de que serían sometidos a torturas. Appiani es un ex teniente primero que se desempeñó como auditor del Ejército y auxiliar del Consejo de Guerra; encabezó los interrogatorios a que fueron sometidos bajo tortura los presos políticos, obligándolos a firmar declaraciones que luego servirían como fundamento para las acusaciones en su contra. Además, está acusado por el secuestro y asesinato de Coco Erbetta y la privación ilegítima de libertad agravada y torturas de otras 10 personas. Bidinost era agente del Servicio Penitenciario y fue directora de la Unidad Penal Número 6 de Paraná. Está acusada de entregar detenidas a personas que formalmente no estaban autorizadas a retirarlas y a sabiendas de que serían torturadas. Díaz Bessone es el militar de más alto rango que está detenido en la causa, porque entre septiembre de 1975 y octubre de 1976 fue comandante en jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, que tenía a su cargo las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, de manera que estaba al mando de toda la estructura de gobierno, tanto en dependencias civiles como castrenses. Se lo acusa por el secuestro, torturas y homicidio de Erbetta, Osuna y Fernández y otros 10 casos de privación ilegítima de libertad. Moyano es el único civil detenido en esta causa por su accionar como médico del Servicio Penitenciario durante la dictadura y, en tal carácter, era quien controlaba la aplicación de tormentos para que no fueran aplicados de modo contraproducente sobre los detenidos. Hay dos personas que lo acusan directamente, pero otras también lo sindican como integrante de un grupo de tareas que operaba en Paraná. Balcaza es un ex agente del Servicio Penitenciario que reconoció haber participado del traslado de personas encapuchadas y esposadas desde la cárcel de Paraná hasta el Escuadrón de Comunicaciones, donde funcionaba un centro clandestino de detención, que no eran documentados ni asentados en los registros. Obaid es un suboficial del Ejército acusado de participar en sesiones de tortura a las que eran sometidos los presos políticos en los centros clandestinos de detención. Rivas es un ex teniente coronel del Ejército, que fue secretario de Deportes, Recreación y Turismo durante el breve período en el que Juan Carlos Trimarco fue interventor militar de la provincial, en los primeros días posteriores al golpe de Estado. Fue el oficial instructor del primer Consejo de Guerra y responsable directo de los grupos operativos que obligaban a los detenidos a firmar las declaraciones que eran utilizadas en esos simulacros de juicios. Zapata es un ex oficial de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos oriundo de Diamante, está acusado por su participación en un grupo de tareas integrado por policías provinciales que dependía del Ejército y que realizaba operativos de detención de personas inclusive en 1975; y además, está sindicado como partícipe de sesiones de torturas en los centros clandestinos de dentición que funcionaron en la Base Aérea, en la Comisaría de El Brete y en otro lugar no determinado. Hace unos años fue homenajeado por la cúpula policial por sus años de servicio. @@@@@@@@@ EL PAIS › EL REPRESOR URUGUAYO SE NEGO A DECLARAR Y QUEDO DETENIDO EN EL HOSPITAL MILITAR Cordero no quiso abrir la boca El coronel Juan Manuel Cordero llegó extraditado desde Brasil. El juez Oyarbide lo había llamado a indagatoria en el marco de la causa Plan Cóndor. Permanecerá internado en el hospital para que se le hagan exámenes médicos. Lo defiende el abogado de Cecilia Pando. Cordero fue identificado por sobrevivientes como interrogador del centro clandestino Orletti. El coronel Juan Manuel Cordero, uno de los máximos responsables de la represión ilegal en Uruguay, se negó a declarar ayer ante el juez federal Norberto Oyarbide y quedó detenido en el Hospital Militar Central, donde será sometido a exámenes médicos durante 48 horas. El represor uruguayo, identificado como interrogador por sobrevivientes del centro clandestino Automotores Orletti, fue extraditado desde Brasil en el marco de la causa Plan Cóndor, que investiga la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Su defensa en la Argentina la asumió el abogado Eduardo Sinforano San Emeterio, el mismo que defendió en Corrientes al condenado torturador Juan Carlos de Marchi y que defiende a la apologista del genocidio Cecilia Pando en una causa por amenaza de degüello. Con pantalón de gimnasia claro, remera roja y barba de varios días, el represor llegó al aeroparque a las 8.28 en un vuelo de línea proveniente de Paso de los Libres, su primera escala en Argentina. Media hora después salió esposado y custodiado por miembros de Interpol rumbo a dependencias de la Policía Federal en la calle Azopardo, donde un médico lo revisó y confirmó que estaba en condiciones de declarar. Cuando llegó a Comodoro Py, igual que en el aeroparque, lo esperaban varios fotógrafos, aunque el represor evitó mirar a las cámaras en todo momento. En el edificio de los tribunales lo esperaba San Emeterio, con quien mantuvo un diálogo de una hora antes de sentarse frente a un secretario del juez Oyarbide. Cordero se esmeró en explicar que su capacitación era similar a la de un oficial de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas argentinas y aseguró que nunca tuvo problemas con la Justicia. Cuando comenzaron a leerle las pruebas que lo incriminan como interrogador en la mesa de torturas de Orletti, escuchó con atención, asintió ante cada nombre que le sonó familiar y sólo un par de veces gesticuló por la negativa. Luego de que el interrogador se negó a responder preguntas, San Emeterio demostró su exhaustivo conocimiento del panorama de camas desocupadas en el Hospital Militar y consiguió que Oyarbide le concediera a su cliente 48 horas en el nosocomio, a priori destinado a militares argentinos. “Está lúcido, pero se lo ve como un hombre muy mayor y el juez decidió hospitalizarlo hasta que los exámenes cardiológicos permitan saber su verdadera condición de salud y determinar dónde permanecerá detenido”, informó una fuente judicial. Los problemas de salud fueron la excusa utilizada por el abogado Julio Favero para obtener en Brasil que Cordero gozara del privilegio de arresto domiciliario. Cuando la prensa lo grabó en un bar mientras tomaba cervezas, fumaba y después corría para evitar las cámaras, los fiscales se quejaron ante las autoridades, que ordenaron la realización de un chequeo médico. Fijaron fecha para el 23 de noviembre pasado, pero Cordero no asistió. La semana pasada adujo una descompensación justo cuando la policía de Brasil se aprestaba a detenerlo para concretar la extradición. Luego, su médico personal Leonardo Nin planteó que no estaba en condiciones de viajar y exhibió distintos análisis clínicos para mostrar los problemas de arritmia que lo aquejarían desde hace años. Miembro de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) que actuó junto al Servicio de Información y Defensa (SID) de Uruguay, Cordero fue uno de los principales especialistas en interrogatorios del terrorismo de Estado uruguayo. Según detalló el periodista Roger Rodríguez en el diario La República, ya en noviembre de 1973 Cordero asesinó bajo torturas a Iván Morales Generali. Su actuación en la Argentina data de al menos una año antes del golpe de Estado: ya en febrero de 1974 torturó en Buenos Aires al uruguayo Antonio Viana Acosta. Apodado “303” por ser el tercer jefe del centro de torturas “300 Carlos” de la OCOA, en su país fue sindicado como responsable directo de las torturas y la desaparición de Gerardo Gatti y León Duarte, ante quien violó a una compañera por una extorsión de dinero –según documentó La República–, y del traslado del “segundo vuelo” por el que otros 22 uruguayos fueron desaparecidos. Fuente: Pagina 12

JUICIO A BUSSI

Están abiertas las acreditaciones para presenciar el segundo juicio a Bussi

Bussi volverá al banquillo de los acusados el 16 de febrero próximo. A menos de un mes del inicio del segundo juicio por delitos de lesa humanidad que se realizará el 16 de febrero en Tucumán, se encuentran abiertas las acreditaciones para presenciar el debate que tendrá otra vez a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez en el banquillo de los acusados. Esta vez, junto a otro cinco imputados, serán juzgados por los crímenes cometidos en la ex Jefatura de Policía, uno de los centros clandestinos de detención más sangrientos que funcionó durante la última dictadura militar en la provincia. En una resolución que firmó en diciembre pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal alertó que por razones de espacio se estableció un orden de prioridad del público que se dejará ingresar a la sala de audiencias (en Chacabuco y Crisóstomo Alvarez). Así, ese orden se fijó de la siguiente manera: familiares de las víctimas, familiares de los acusados, organismos de derechos humanos, representantes de instituciones públicas, periodistas y público en general. Desde la Oficina de Prensa informaron que los interesados podrán acreditarse a través del mail toftucumanprensa@t1.pjn.gov.ar, hasta fines de este mes.

Fuente: www.primerafuente.com.ar

FRENTE DE ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES

(F.O.I.)

El FOI movilizará el 26 a la mañana en las distintas ciudades de la provincia de Jujuy en demanda de puestos de trabajo genuino. Mientras el Gobierno y la oposición patronal discuten cómo pagar la deuda externa, las condiciones de vida de los trabajadores se deterioran día a día. La desocupación aumenta, y en los barrios humildes llega a los niveles de 2001, ante la incesante inflación que liquida los salarios de los trabajadores/ras. La Municipalidad de la Capital, en lugar de DEFENDER LOS INTERESES DE LOS USUARIOS, SE EMPEÑA EN UNA POLÍTICA DE AJUSTE CONTRA EL PUEBLO, OTORGANDO EL AUMENTO DEL BOLETO QUE SOLO BENEFICIA AL PARASITARIO NEGOCIADO DEL TRANSPORTE.

Frente a esta situación, el FOI se moviliza en esta jornada unitaria nacional y reclama:

• TRABAJO PARA TODOS SIN CLIENTELISMO.
• NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA
• INSCRIPCIONES E INCORPORACION AL "PROGRAMA ARGENTINA TRABAJA" CON LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.
• PLAN NACIONAL DE OBRAS FINANCIADO CON LAS RESERVAS Y EL FONDO BICENTENARIO.
• NO AL AUMENTO DEL BOLETO DE TRANSPORTE PUBLICO.
• TIERRA Y VIVIENDA.
• REGULARIZACION E INCREMENTO DE LOS PLANES ALIMENTARIOS PARA COPAS DE LECHE, COMEDORES Y BOLSONES.
• CONTINUIDAD DE LOS CONVENIOS (MUNICIPIOS Y PROVINCIA).
• TRABAJO GENUINO.
• NO A LA MEGAMINERIA A CIELO ABIERTO Y AL SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS.
• ACELERACION DE LAS CAUSAS PENALES POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD YA!
• CAPACITACIONES.
• ASISTENCIA CON SUBSIDIOS A LA PRODUCCION RURAL PARA CAMPESINOS SIN TIERRA Y PEQUEÑOS PRODUCTORES.

ORGANIZACIONES: MOVIMIENTO "TUPAJ KATARI", CORRIENTE DEL PUEBLO, AGRUPACION BARRIAL AVELINO BAZAN (M.T.K.), UNION TRABAJADORES BARRIALES (U.T.B.), POLO OBRERO, LIBRES DEL SUR, BARRIOS DE PIE, AGRUPACION SOCIAL DE DESOCUPADOS "EXODO JUJEÑO",COLECTIVO MINKA, MOCAJU. MADRES Y FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS DE JUJUY.

Y JULIO LÒPEZ...??????????????

Causa Noble: piden anular las muestras de ADN + Una legion de leguleyos castrenses dan aliento y apoyo a represores detenidos‏

CAUSA POR APROPIACIÓN DE BEBÉS

Caso Noble: piden anular las muestras de ADN

Los hijos de la dueña del diario Clarín lo solicitaron ante la Cámara de Casación Penal.

ADN. Marcela y Felipe Noble se sometieron a una extracción de sangre el pasado 29 de diciembre. Días después, el juez Bergesio ordenó una requisa domiciliaria para tomar muestras biológicas de cepillos de dientes y cabellos. (DyN)

Marcela y Felipe Noble, los hijos adoptados por la dueña del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, solicitaron este jueves ante la Cámara de Casación Penal la "nulidad" de la requisa de material biológico que retiraron de sus domicilios y que fue ordenada por el juez federal de San Isidro, Conrado Bergesio. Ambos están sospechados de ser hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar.

La impugnación, fue presentada por su abogado, Jorge Ansorreguy y apunta a que esas muestras carezcan de valor para el examen de ADN que permita establecer la verdadera filiación de los jóvenes. El letrado reivindicó que los exámenes ordenados por la casación se realicen sólo con la muestras de sangre obtenidas el pasado 29 de diciembre cuando Felipe y Marcela se presentaron en el Cuerpo Médico Forense para realizarse una extracción.

Dos días después, el juez a cargo de la causa promovida por las Abuelas Plaza de Mayo ordenó la requisa de cepillos de diente y de pelo de los jóvenes, en los términos planteados por la recientemente sancionada Ley de Banco Nacional de Datos Genéticos.

Durante 2008, Bergesio y luego la Cámara de Casación habían determinado que la sangre de Felipe sólo se cruzara con las muestras de las familias García-Gualdero, y la de Marcela con las de Lanouscou-Miranda. Sin embargo, el juez replanteó esa decisión debido a que en ese momento Abuelas de Plaza de Mayo aún no era querellante de la causa y que el expediente se basaba en el pedido de dos grupos familiares.

El Banco Nacional de Datos Genéticos está en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología y funciona en el Hospital Durand, donde hay centenares de muestras de familias con nietros desaparecidos. El Cuerpo Médico Forense carece de instalaciones propias para realizar el examen de ADN, de modo que recién al fin de la feria judicial sorteará entre los laboratorios inscriptos a cuál deriva las muestras.

Una vez allí, el trámite de identificación con un 99.99 por ciento de certeza demanda entre 15 y 20 días.
Fuente: www.criticadigital.com
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Una legión de leguleyos castrenses da aliento y apoyo a represores detenidos

10-01-2010 / La asociación se formó hace pocos meses y está integrada por unos trescientos abogados.

Foto: Sur
Por Raúl Arcomano
rarcomano@miradasalsur.com

Los abogados vienen marchando. No todos, pero sí un grupo más o menos numeroso que se juntó hace seis meses para hacer algo por los “presos políticos”, ese eufemismo con el que llaman a los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La génesis de la red de leguleyos sucedió hace un año, en el verano de 2009. Se juntaron primero veinte, que pronto se multiplicaron por diez. En agosto último dijeron todos para uno, uno para todos, y parieron la asociación. De Abogados por la Concordia y la Justicia, la bautizaron. Concordia, una palabra de moda entre los seguidores de las dos pe: pandistas y procesistas. Cinco meses después, ya son 300. Con un férreo compromiso por la defensa y el apoyo a los reos de las fuerzas armadas y de seguridad.
El objetivo de la ONG es, dicen, “bregar por la vigencia irrestricta del estado de derecho, fomentar y difundir el conocimiento de las ciencias jurídicas y sociales y contribuir al perfeccionamiento de la legislación y de los procesos judiciales”. Y buscar la “pacificación nacional”, esas palabras que lo que en verdad buscan decir es: amnistía a los criminales de la dictadura. Diego Guelar, al menos, no dio tantas vueltas al pedir un perdón para los militares. La gacetilla que dio cuenta del nacimiento de la asociación asegura: “Con auspicio de la fuerte presión ideológica del Gobierno, se ha conseguido forjar en los tribunales una visión asimétrica, falsa y unilateral, de lo ocurrido en el país hace treinta años, inmolándose los principios jurídicos más básicos de las sociedades civilizadas”. Como consecuencia de ello –argumentan– cientos de sus camaradas son “sometidos a procesos viciados, en condiciones vejatorias, algunos con años de encierro y sin condena”. En este “momento oscuro que vive la Patria” se proponen levantar –sostienen– las banderas de la “concordia y la reconciliación”. Dos palabras que repiten mucho, en sus escritos y cuando hablan.
El 12 de agosto se aprobaron los estatutos y se eligieron autoridades por el término de tres años. El presidente es Alberto Solanet. Su vice, Gerardo Palacios Ardí. El secretario, Mariano Gradín; el tesorero, Oscar Vigilan; y los vocales, Juan Pablo Chevalier Boutell, Eduardo Bieule y Rafael Algorta. Bieule es –además– el actual presidente de la Corporación de Abogados Católicos, una institución ultraconservadora que durante muchísimos años comandó Solanet. Dejó el bastón de mando de la entidad a fines del año pasado.
Vayamos a Solanet, que es el alma máter de los picapleitos. Es un abogado que regentea con otros colegas el estudio Solanet, Moreno Hueyo & Di Paola. Tiene un hermano que es más conocido que él: Manuel. Qué familia los Solanet. Manuel es ingeniero y tiene posgrados en economía. Y posee un florido CV: fue asesor de Adalbert Krieger Vasena durante el onganiato, estuvo con José Alfredo Martínez de Hoz en los primeros años de la dictadura y fue secretario de Hacienda de Roberto Alemann. Una familia tipo. Tipo verde oliva.
Alberto Solanet es asiduo concurrente a las páginas del correo de lectores de La Nación. En la tribuna doctrinaria viene desparramando su prosa en temas disímiles. Es que los intereses del doctor Solanet parecen ser amplios: no pierde oportunidad de declararse en contra del aborto, de la eutanasia, de la unión civil, de las travestis, de la despenalización del consumo personal de drogas, del uso de células madres. En algunos casos, a título personal. En otros, lo hacía como presidente de la Corporación de Abogados Católicos. En ese diario publicó en abril último, con gran despliegue, la nota “El Bicentenario y la pacificación nacional”.
Empieza allí: “Hace medio siglo aparecieron los primeros focos de la guerrilla rural en la provincia de Tucumán, y de la acción de éstos y otros grupos que en los años siguientes recurrieron a la violencia fue expandiéndose una verdadera guerra interior”. Luego desarrolla: “En los últimos cinco años, se acentuó el hostigamiento contra militares y policías. Se anularon los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema; el Congreso anuló las leyes que habían extinguido las acciones penales, reabrió los procesos y vulneró la garantía de la cosa juzgada; asimismo, ejecutó un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional”. Y remata: “La situación es hoy extremadamente grave”.
También ha escrito en el diario Clarín. En el suplemento Valores Religiosos, una nota titulada “Pacificación”, en la que sostiene que el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado “alienta el odio y la desintegración social, al empujar a los más extremados a reacciones graves e imprevisibles”. Días atrás también tuvo una aparición en uno de los noticieros de la CNN. Para mostrar su desconcierto sobre –vade retro– el primer casamiento gay en Tierra del Fuego. Aire y gráfica para vociferar sus ideas no le faltan.
Hay un texto que redactó Solanet a modo de balance. Al menos eso parece. Es reproducido en las decenas de blogs pro castrenses que inundan la web. “Hoy hay más de 600 presos políticos, y son presos políticos por cuanto su detención obedece a una decisión política, inspirada en oscuros designios ideológicos. Para ello, el Gobierno se vale de la complicidad de jueces miedosos y corruptos”, escribió. Y advierte: “Éstos deben saber que enfrente tienen a trescientos abogados que los estamos mirando”. En un documento de unas veinte páginas elaborado en noviembre, la asociación de abogados dice que los militares son “perseguidos por haber combatido en los años 70, por los deberes propios al servicio de armas y según las órdenes del Estado, a milicias irregulares armadas, dirigidas y entrenadas por países extranjeros para asaltar el poder e imponer en el país un régimen comunista”. “Los presos políticos son –agrega– víctimas de la persecución judicial organizada por el gobierno argentino y la fenomenal campaña de propaganda montada para desvirtuar un lamentable conflicto caracterizado como guerra civil revolucionaria.”
Visitas higiénicas. La red de cuervos tiene el trámite de la personería jurídica “avanzado”. Sus actividades incluyen “concurrencias metódicas” a las cárceles de Marcos Paz, Ezeiza, Campo de Mayo y Villa Devoto. Lo hacen desde hace un año, todos los miércoles. También llevan adelante otras acciones para afianzar a la ONG. Una comisión de miembros fue a Rosario, donde se entrevistaron con el Colegio de Abogados de esa ciudad. Estuvieron con familiares de militares detenidos y visitaron la cárcel federal y provincial. En Córdoba se reunieron el vicepresidente de la Cámara Federal y charlaron con los cautivos de Bower, la prisión en la que Luciano Benjamín Menéndez viste un traje a rayas. “En ambas ciudades dejamos sentadas las bases para la conformación de asociaciones similares a la nuestra”, reconoció Solanet en su texto.
Otro acto importante de la asociación ocurrió en octubre. Ese mes organizaron una mesa redonda en el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires. El tema del encuentro: “El Bicentenario, la justicia y la concordia”. Los panelistas fueron José María Bandieri, Vicente Massot y Jorge Vanossi. Massot, se sabe, gusta de ese tipo de eventos y temáticas. Es el director del diario La Nueva Provincia, ostenta una prosa procesista y fue un asiduo visitante de la Esma en tiempos dictatoriales. Vanossi, en tanto, es un radical que fue ministro de Justicia de la Alianza y ahora es miembro del grupo Aurora, que lidera el escritor de pasquines Marcos Aguinis. La Nación informó sobre el acto: “Se coincidió en la necesidad de acabar con el ‘espíritu de revancha’ –que atribuyeron al oficialismo– y apelar a la ‘racionalidad’ para arribar a 2010 en un clima de concordia por medio de un acuerdo político que fue definido como ‘indispensable’.”
La asociación participó también del acto del 5 de octubre en plaza San Martín para homenajear a “las víctimas del terrorismo”. ¿Cuál fue el lema del cónclave? Sí: concordia. Habló Tomás Bosch en representación de los abogados castrenses. “Aquellos años en que unas bandas armadas desataron la guerra revolucionaria en la Argentina dejaron estos miles de víctimas que hoy honramos en esta plaza y que para el Gobierno y sus secuaces parece que nunca existieron. Pero también han traído una nueva clase de víctimas, confinados en prisiones abyectas y privados de todo derecho”, se quejó.
“En los últimos cinco años –dijo– se ha ido acentuando el hostigamiento contra militares y policías. Esa persecución tuerta está presente también en la forma que se llevan los juicios: prisiones preventivas que se extienden a lo largo de muchos años, hasta convertirse en verdaderas condenas sin sentencia; negación de prisión domiciliaria a ancianos octogenarios; rechazo de testigos de la defensa y aceptación como prueba de cargo de dudosos testigos de la acusación; concesión del carácter de querellantes a organizaciones que se dicen defensoras de los derechos humanos que no son damnificadas. A todo lo cual se agrega un hecho que solivianta el ánimo: más de 50 hombres han muerto ya en las mazmorras del régimen.”
El abogado señaló que la asociación la integran hombres y mujeres “para quienes el derecho no es una mera profesión, sino antes bien una vocación y un ideal, a los que queremos ser fieles.” Y que comenzaron “a reemplazar la crítica individual y estéril por la decisión de hacerle frente a ese programa demoledor”. Bosch dice que toda la justicia federal está dedicada a “perseguir hombres maduros o ancianos por hechos ocurridos hace ya cuarenta años”. Y que mientras eso pase, persistirán otros problemas. Por ejemplo: “Bandas amenazantes nos impiden circular por caminos o rutas, y la Corte Suprema bendice el consumo de drogas.”
Un mes después la asociación llegó al exterior. Al Congreso de la Unión Internacional de Juristas Católicos, realizado en Madrid, Bieule dio a conocer los objetivos del grupo. “Destacamos la relevancia de esta presentación, atento a la importancia de los representantes de los países concurrentes y la estrecha relación que mantiene la institución con la Santa Sede”, se emocionó Solanet. Contactos con la Iglesia parecen no faltarles. Dicen haber mantenido entrevistas con el nuncio apostólico y con obispos. También con dirigentes políticos, asociaciones afines, militares en actividad y personal del sistema Penitenciario Federal. Tampoco se pierden “las audiencias en las distintas causas en que estén involucrados los presos políticos, muchas de ellas con bastante similitud a un circo romano”, reconoció Solanet.
Miradas al Sur llamó a Alberto Solanet a su estudio. El diálogo duró poco menos que un suspiro.
–Soy periodista del semanario Miradas al Sur. Quería saber cómo está conformada la asociación de abogados que integra y cuáles son sus objetivos.
–Por teléfono no puedo decir nada. No hago declaraciones. No lo conozco a usted y tampoco al diario Sur.
–¿Siguen ayudando desde la asociación a represores?
–Sí. Seguimos trabajando.
–¿Están visitando cárceles?
–No le voy a dar información. Discúlpeme. Son razones prudenciales.
–Le pregunto por hechos básicos. Es más: hay información pública sobre las actividades de la asociación, realizada por ustedes mismos.
–Sí. No tengo nada que ocultar. Pero las informaciones hoy se cruzan y después los medios las tuercen –concluyó el abogado.
La información se dobla, Solanet, pero no se tuerce.

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POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS

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Causa ESMA: Cuestionan los privilegios de 4 represores +poch, mas cerca de la extradición + niegan excarcelacion‏

EL PAIS › CUESTIONAN LOS PRIVILEGIOS DE CUATRO REPRESORES DE LA ESMA

Por un traslado bajo custodia

La fiscalía y los querellantes objetaron que quienes gozan del beneficio del arresto domiciliario vayan a Tribunales por sus propios medios y acompañados por sus familiares. Señalaron que deben ser vigilados por fuerzas de seguridad.

Cuatro de los acusados en el juicio por la ESMA llegan a Tribunales por sus propios medios y con su familia.

Por Diego Martínez

El Ministerio Público y las querellas del primer juicio a un grupo de represores de la ESMA cuestionaron ayer que los imputados que gozan de arresto domiciliario se movilicen por sus medios y en compañía de esposas y amigos, igual que los sobrevivientes y familiares de víctimas que acuden a presenciar las audiencias, y reclamaron que sea una fuerza de seguridad la que garantice las custodias durante los traslados a Comodoro Py. “Familiares y amigos pueden cuidarlos, pero la custodia es un deber indelegable del Estado”, destacó el fiscal federal Pablo Ouviña. La respuesta del Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) al planteo que formuló originalmente el abogado Rodolfo Yanzón se conocerá el 27 de enero a las 10, cuando se reanude el juicio oral y público a Acosta, Donda & Cía.
A diferencia de las audiencias iniciales, los imputados ingresaron ayer sin esposas. Los veinte marinos instalados en la bandeja superior levantaron la mano derecha al mismo tiempo en respuesta al saludo del capitán Raúl Scheller, Mariano en la sala de torturas de la ESMA. La imagen provocó una sonrisa de Adolfo Donda, “un tipo encantador” según confió Cecilia Pando a los periodistas el mes pasado, cuando Gerónimo, como se hacía llamar en cautiverio, ingresó por primera vez a la sala. Alfredo Astiz dejó ayer en la cárcel el libro del agente Juan Yofre y sólo llevó una carpeta rosa con hojas sueltas.
Los jueces dieron inicio a la audiencia una hora después de lo previsto, una vieja costumbre del TOF5. Luego su presidente Daniel Obligado autorizó el ingreso de 21 reporteros gráficos (divididos en cuatro tandas), quienes tras dos horas de espera tuvieron que hacer su trabajo en poco más de un minuto. Retrataron por primera vez al capitán Alberto González, alias Gato, ausente al comienzo del juicio con diagnóstico de “lumbalgia” emitido por el Hospital Naval. No estuvieron, en cambio, el prefecto Juan Antonio Azic, alias Piraña (no está imputado en la causa por el secuestro de las monjas francesas, cuyo requerimiento de elevación se leyó ayer), y al ex canciller Oscar Montes, quien consiguió que le leyeran las acusaciones en su contra durante las primeras audiencias y lo autorizaran a quedarse (arrestado) en su casa, por su delicado estado de salud.
Yanzón había cuestionado la ausencia de controles durante los traslados de quienes gozan de arresto domiciliario luego de ver en sus autos particulares al contraalmirante Manuel García Tallada, y al teniente coronel Julio César Coronel con su hijo. De los 17 imputados, gozan del privilegio los dos citados más el contraalmirante Montes y el comisario Ernesto Weber, quien le enseñó a usar la picana eléctrica a los marinos.
El fiscal Ouviña analizó el artículo 33 de la ley 24.660 que regula el arresto hogareño y diferenció tres aspectos: la supervisión del cumplimiento, el cuidado del reo y su custodia durante los traslados. La última función, explicó, debe estar a cargo de fuerzas de seguridad. Argumentó que “el arresto domiciliario es un modo de cumplimiento de la prisión preventiva” y que “el tribunal debe garantizar la custodia” del detenido, por lo cual “los traslados deben estar a cargo de personal idóneo, ya sea policía o Servicio Penitenciario Federal”.
Adhirieron a su posición las querellas del CELS, de la Secretaría de Derechos Humanos y el abogado Horacio Méndez Carreras, y se opusieron los de los imputados. El defensor oficial Lucas Tassara rechazó la distinción entre supervisión y custodia. Su colega Carlos López Camelo destacó la buena conducta de los imputados. Guillermo Coronel dijo que hablaba “en el doble plano de defensor e hijo”, destacó que su padre “cumple exageradamente con las disposiciones” legales, y pidió no olvidar que “los procesados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.
Una tercera posición planteó la abogada Miriam Bregman, de Justicia Ya. Cuestionó que imputados por delitos de lesa humanidad gocen de prisión domiciliaria, recordó la desaparición de Julio López, la muerte por envenenamiento de Héctor Febres, y reclamó “cárcel común, efectiva y de máxima seguridad”, al margen de edades o enfermedades. Su exposición derivó en silbidos poco sutiles de la mujer de uno de los imputados. Obligado exigió silencio y advirtió que “de ser identificada, la persona que silbó será retirada de la sala y hasta detenida”. Minutos después, ya en el pasillo, los policías que la vieron taparse la boca le advirtieron que le prohibirían el ingreso en la sala. Consultada por Página/12, en compañía de dos marinos, la señora prefirió ocultar su identidad.

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EL PAIS › EL REPRESOR JULIO POCH SERIA TRASLADADO DESDE ESPAñA EN DOS SEMANAS

Más cerca de la extradición

El ex piloto naval que confesó ante colegas de una aerolínea haber participado de los vuelos de la muerte aceptó ayer ser juzgado en Argentina. Ahora se considera víctima de “una jugada política” de Holanda, donde residía.

Poch, de 57 años, dice que en Argentina hay “caza de brujas” por los crímenes de la dictadura.

Por Diego Martínez

Luego de contratar a dos de los abogados más caros de Europa con el objetivo de evitar ser juzgado en la Argentina, donde ocurrieron los vuelos de la muerte que confesó ante sus compañeros de la aerolínea Transavia, el ex piloto naval Julio Poch modificó su estrategia y manifestó ayer ante la Audiencia Nacional de España su voluntad de ser extraditado y sometido a “un juicio justo”. Fuentes judiciales calcularon que en dos semanas podría concretarse el próximo vuelo del marino sobre el Atlántico y en un año estaría en condiciones de ser juzgado.
El teniente de fragata de 57 años, que según sus colegas holandeses “defendía el hecho de haber arrojado gente al mar”, explicó ante los jueces que se considera víctima de “una jugada política” del reino de los Países Bajos, donde ejerce como princesa una hija de Jorge Zorreguieta, secretario de Agricultura de la última dictadura. El lunes trascendió que una de las hijas de Poch le envió una carta a la sucesora del reino con la esperanza de obtener ayuda, y el propio imputado anticipó en declaraciones al diario De Telegraaf sus intenciones de probar su inocencia en el país. Poch contó con orgullo que en la cárcel de Madrid lo llaman “gentleman” y, con citas de “expertos” no identificados, afirmó que existe en la Argentina una “caza de brujas” por los crímenes de la última dictadura.
El ex oficial de la Armada fue detenido el 22 de septiembre en el aeropuerto de Valencia. De inmediato contrató a Gerard Spong, afamado defensor de causas impopulares en Holanda, y a Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional y ex representante de España ante organismos de la Unión Europea. Spong se paseó por los medios criticando a la Justicia argentina e insistiendo en la obligación de Holanda de repatriar al piloto que tiene doble ciudadanía. Su trabajo continuó al menos hasta la semana pasada, cuando dijo que en caso de ser extraditado su cliente debería estar entre seis y diez años con prisión preventiva, e invocó un supuesto informe de Human Right Watch para destacar las “grandes posibilidades” de ser condenado pues “sólo el treinta por ciento” de los represores resultan absueltos. En realidad, según el CELS fueron absueltos siete de los 75 imputados que llegaron a juicio, el 9,3 por ciento.
Peláez también alternó trabajo jurídico con declaraciones en los medios. Ya en octubre pasado dijo que la detención respondía a “temas más políticos que otra cosa”, sugirió que el reino de los Países Bajos evitó concretar la detención de Poch y, como consecuencia “la patata caliente se la han mandado a España”. La semana pasada les anticipó a periodistas holandeses que iba a plantear ante la Audiencia Nacional un “fraude de derecho” en contra de Holanda por negarse a detenerlo en su territorio, y afirmó que su cliente no tendría en la Argentina “un juicio imparcial y justo” porque gran parte de los jueces “son de izquierda” (sic).
El 6 de octubre Poch declaró ante el juez Eloy Velasco que no tuvo “nada que ver” con el terrorismo de Estado. El 30 de octubre, el Consejo de Ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aceptó tramitar la extradición al considerar que Argentina es competente para juzgar a sus represores. El 18 de diciembre, un juez de La Haya admitió que Holanda estaba facultada para juzgar a Poch y no descartó que le permitan volver para cumplir su condena, pero consideró que el juicio debía realizarse donde ocurrieron los crímenes, para “que los familiares de las personas desaparecidas puedan seguir el proceso”, y rechazó la extradición al reino de la princesa Máxima Zorreguieta.
El lunes, en diálogo con De Telegraaf, Poch intentó desacreditar al ex compañero de Transavia que lo denunció (no a los testigos directos de la confesión), culpó al gobierno holandés de su detención en España, que vinculó con el fantasma de Zorreguieta, y por primera vez manifestó su voluntad de ser extraditado a la Argentina. Ayer dijo ante los tres jueces de la Audiencia Nacional que llevaba “cuatro meses detenido injustamente”, que deseaba la extradición para “poder defenderse”, que le han “arruinado” su carrera por hechos de los que “no existen pruebas”, y que “lo más vergonzoso” era que la Justicia argentina lo acusó “sin investigar los hechos”. La afirmación carece de fundamentos: el juez federal Sergio Torres y su secretario Pablo Yadarola pidieron su captura internacional después de escuchar en persona a los testigos de su confesión. La posta de Spong y Peláez ya la tomó el abogado Gerardo Ibáñez, que el año pasado logró en Mar del Plata la absolución del coronel Alejandro Duret y que en la causa ESMA defiende al coronel Roque Angel Martello.
dmartinez@pagina12.com.ar

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Lesa humanidad: niegan excarcelación a prófugo detenido esta semana

15/01/2010 - Lo resolvió el juez federal Ariel Lijo. Se trata de Carlos Somoza, un ex agente de Inteligencia del Ejército durante el último gobierno de facto, detenido el pasado martes, acusado de participar en la comisión de crímenes contra los derechos humanos

El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Carlos Eduardo Somoza, un ex agente de Inteligencia del Ejército durante el último gobierno de facto, detenido el pasado martes, acusado de participar en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Somoza, que actualmente se encuentra en el hospital de la cárcel de Ezeiza por problemas coronarios, está imputado desde el 26 de junio de 2009, luego que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, ampliara querella por nuevos hechos que lo tuvieron como partícipe.

En el marco de esas actuaciones se investiga la responsabilidad de los integrantes del Batallón de Inteligencia 601 en la desaparición forzada de miembros de la agrupación Montoneros en el período que abarcó la denominada “Contraofensiva”, ocurrido durante el año 1980. Somoza, en esa época, se hacía llamar bajo el seudónimo de “César Ernesto Segal”.

Desde el 1º de julio último se ordenó librar captura nacional e internacional a su respecto, y es desde esa fecha en la cual el nombrado ha eludido el accionar de la Justicia, estando en condición de prófugo hasta este martes, cuando fue hallado en un domicilio de la localidad bonaerense de Ituzaingó, por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Somoza fue imputado por “haber integrado, en su carácter de agente secreto de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino, grupos operativos que constituyeron el sistema ilegal de represión implementada entre los años 1976 y 1983, bajo el control operacional del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino, interviniendo en un accionar sistemático y organizado junto a otros integrantes de las fuerzas de seguridad participando en la comisión del siguiente hecho: Secuestro y privación ilegal de la libertad de Silvia Noemí Tolchinsky, detenida el día 9 de septiembre de 1980 en el paso fronterizo Las Cuevas, Mendoza, por personal del Batallón 601 Inteligencia y mantenida detenida en casas clandestinas del Partido de General Sarmiento (provincia de Buenos Aires) y Paso de los Libres (provincia de Corrientes) hasta comienzos del año 1983…”.

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Masacre de Palomitas: espeche reitera su inocencia + Masacre de Trelew: el juicio será el 22 de abril‏

Palomitas: Espeche volvió a acusar a Mulhall y a Grande

El teniente coronel retirado, Hugo César Espeche utilizó la ampliatoria de su indagatoria que le concedió el juez Carlos Olivera Pastor, para reiterar su inocencia en el asesinato de once presos políticos en Palomitas el 6 de julio de 1976, y volver a responsabilizar al entonces jefe de la Guarnición, Carlos Alberto Mulhall, como el autor del operativo

Carlos Mulhall acusado por Hugo Espeche

En una audiencia casi íntima, en la que estuvo acompañado de su defensor oficial, Bernardo Solá, y lo escuchó la secretaria del juzgado, Isabel Falú, el militar que sacó a los 11 presos de la cárcel de Villa Las Rosas, se proclamó de nuevo inocente a y responsabilizó a otros organismos y autoridades miliares, entre ellos el propio Mulhall.

Según un relato ya conocido por los querellantes de la causa, Espeche aseveró el jueves que ese día de julio de 1976 recibió la orden de retirar a los presos de Villa Las Rosas, y de entregarlos a 800 metros del Portezuela, muy cerca de la garita policial.

Cuando llegó al penal, aseveró, los presos ya estaban acondicionados en tres móviles celulares de la policía de la provincia y lo único que hizo, en un procedimiento que le pareció a todas luces legal, fue pasar lista a los presos.

Entregó prisioneros

Espeche dijo que entregó los prisioneros a Juan Carlos Grande en la ruta, un militar que hacía de Jefe de Policía y que ya falleció. "Capitán Espeche, muchas gracias, acá termina su misión, puede retornar al regimiento", dijo el teniente coronel retirado que le dijo Grande

Después de intentar dejar a salvo su responsabilidad en el mayor crimen político perpetrado en Salta durante la dictadura, Espeche se dedicó a responsabilizar a distintos organismos de seguridad.

Sin dar nombres, señaló a integrantes de la inteligencia militar, Gendarmería, la Policía de la Provincia y la Policía Federal .como responsables de la confección de la lista de los presos que finalmente fueron fusilados

"Los responsables de todo lo ocurrido en Palomitas - Cabeza de Buey son el coronel Alberto Mulhall, funcionarios policiales y funcionarios militares, con responsabilidades políticas", afirmó luego.

Y recordó que en prisión le increpó a Mulhall, por la orden que había impartido, un hecho que, subrayó, el propio ex jefe de la Guarnición llegó a admitir luego ante el defensor oficial Federico Petrina.

Volvió también a reiterar su argumento de que ingresó al penal a cara descubierta, y lo contrapuso a los procedimientos clandestinos que grupos realizaban "disfrazados" para no ser descubiertos

Sólo un idiota

"Solamente un idiota" puede presentarse en forma descubierta, "y no pensar que en el futuro puede ser señalado como efectivamente ocurrió", se amargó,.

Espeche está imputado por el delito de participación secundaria del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y la participación de dos o más personas".

El juicio en el que también está acusado Miguel Gentil se realiza de acuerdo al Código Procesal vigente en 1976, cuando ocurrió la masacre.

Una vez que lleguen los últimos informes y pericias solicitados por el juez subrogante Carlos Olivera Pastor, los querellantes pedirán la clausura de la etapa de pruebas y el inicio de los alegatos.

Fuente: www.nuevodariodesalta.com.ar

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Masacre del 72: el juicio será en abril

Jornada. Domingo 17/01/10

El juicio oral por la Masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto de 1972 se hará en abril. Así lo confirmaron a Jornada fuentes del Juzgado Federal de Rawson.

El inicio de las audiencias habría sido consensuado entre el juez federal Hugo Sastre y los integrantes de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. El juicio se hará en la ciudad de Trelew y casi con seguridad en instalaciones del Teatro Verdi, el único lugar que reúne las condiciones para un acontecimiento de esta naturaleza.
Serán llevados al banquillo los seis detenidos: el ex contralmirante Horacio Mayorga, ex jefe de de Operaciones de Puerto Belgrano y responsable de todas las bases del sur en el momento del hecho. Roberto Horacio Paccagnini, ex jefe de la Base Zar, el ex capitán Jorge Emilio del Real, el ex capitán Luis Emilio Sosa, el ex cabo Carlos Amadeo Marandino y el ex capitán de Navío Jorge Enrique Bautista. Todos están procesados en la causa por distintas responsabilidades. Los casos de Sosa, Marandino y Del Real son los más complicados: están acusado de ser los autores materiales del fusilamiento de los 19 militantes de organizaciones de izquierda que estaban alojados en la Base Almirante Zar.
En la causa existe un solo prófugo: el ex teniente Roberto Guillermo Bravo, sobre quien también pesa la acusación de ser autor material del hecho. Bravo está radicado hace décadas en Estados Unidos donde tiene una empresa que le vende insumos al Estado. La justicia federal de Rawson pidió su extradición pero el país del norte se negó sistemáticamente a otorgarla. Bravo vive cómodamente en Miami donde además tendría costosas propiedades. Para pedir la extradición, el juzgado federal de Rawson debió traducir todo el voluminoso expediente de la masacre y enviarlo a la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Recién después comenzaron los trámites para lograr que Bravo regrese al país para ser juzgado. Trámites hasta el año pasado, nada simples (ver aparte).
La Masacre de Trelew ocurrió el 22 de agosto de 1972. La madrugada de ese día, 19 militantes de organizaciones armadas fueron fusilados en los calabozos de la Base Almirante Zar de Trelew , donde estaban detenidos ilegalmente. Una semana antes y junto a un grupo de jefes de esas mismas organizaciones habían fugado de la Unidad Seis de Rawson y pretendían secuestrar un avión para huir a Chile.
Los jefes (entre los que se encontraban Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo, Roberto Quieto, Marcos Osatinsky, Fernando Vaca Narvaja y Domingo Mena), lo lograron. Pero el segundo grupo integrado por 19 guerrilleros no pudieron alcanzar el avión. Y fueron detenidos en el viejo aeropuerto de Trelew. De allí fueron llevados a la Base Zar donde la madrugada del 22 de agosto fueron obligados a salir de sus celdas. Después, los fusilaron. Sólo tres sobrevivieron: María Antónimo Berger, Ricardo Haidar y Alberto Camps.
Desde un primer momento, el gobierno de facto que por entonces conducía Alejandro Agustín Lanusse justificó la masacre diciendo que hubo un intento de fuga. Pero los testimonios posteriores comprobaron prácticamente que se trató de un fusilamiento.
Más de 30 años después y por pedido de algunos familiares de las víctimas se reabrió la causa. Fue en 2006. El primer juez fue Jorge Pfleger. Pero después lo continuó Hugo Sastre quien junto al fiscal Fernando Gélvez, realizó una investigación impecable que permitió detener y procesar a los supuestos responsables, convertidos en verdaderos “fantasmas” después de la masacre.
Tras las detenciones producidas a partir de febrero de 2007, los abogados defensores de los imputados presentaron decenas de apelaciones. Incluso después que el juez dictara los procesamientos. Pero finalmente y tras largos períodos, la Cámara de Casación no hizo lugar a ninguno de los pedidos y dio por válido todo lo actuado por el juez Sastre.
Cumplidos varios plazos legales, sólo faltaba la fecha de inicio de las audiencias, por las que pasarán, se estima, más de cien testigos. La primera aproximación es que el juicio comenzará la segunda quincena de abril. Varios de los imputados han logrado el beneficio de la prisión domiciliaria debido a la edad (mayores de 70 años) y a alguna enfermedad. Pero, como en el caso del ex cabo Marandino, violan ese beneficio constantemente paseando por la ciudad donde residen. Otros, según se supo, se encuentran en libertad por disposición de la Cámara Nacional de Casación. Por eso, la premura para que el juicio oral y público comience cuanto antes. Y cuanto antes se conozca la verdad.

Fuente: Diario Jornada

Causa Parana: preventiva a 3 represores + Neuquen: los represores logran dilatar el 2 juicio + La Justicia de España extraditará al piloto de la muert

Baridón indicó que estarán detenidos hasta que se dicte la sentencia

Dictaron la prisión preventiva a tres represores detenidos en diciembre por la causa Área Paraná

Fue confirmado por el abogado querellante, Marcelo Baridón.

La Justicia Federal de Paraná decretó la prisión preventiva para tres represores de la última dictadura militar, acusados de participar en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos. Se trata del ex oficial de la Policía de Entre Ríos, Carlos Horacio Zapata; el teniente coronel Alberto Rivas, señalado por su participación en los Consejos de Guerra; y el suboficial del Ejército, Oscar Ramón Obaid, alias el Turco, quienes fueron apresados en diciembre. La medida fue confirmada por el abogado querellante, Marcelo Baridón, quien precisó que había sido solicitada tanto por la Fiscalía como por la querella. Esto “implica que durante la sustanciación del proceso permanecerán detenidos, hasta tanto se resuelva definitivamente su situación mediante el dictado de la sentencia”. El profesional acotó a El Once que: “Tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal hemos solicitado la tramitación de esta causa mediante juicio oral y público, pero fueron todos los imputados quienes pidieron el juicio escrito. Ello implica que habiendo semiplena prueba de la responsabilidad que les cupo en la represión ilegal, a elección propia pasarán el proceso detenido”.

Asimismo, informó: “Quien fuera la titular de la Unidad Penal femenina, Rosa Susana Bidinost, solicitó la prisión domiciliaria, la que le fue denegada, lo que nos permite pronosticar que futuros pedidos similares también serán rechazados”.

Fuente: www.analisisdigital.com.ar

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Parana

Hoy a las 2O horas reunion en la sede sindical de Foecyt, reunión de organismos de derechos humanos AFADER, la SOLAPA, HIJOS, entre otros.

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EL PAIS

“Con afán dilatorio”

Las defensas de 26 represores procesados por delitos de lesa humanidad cometidos en Neuquén durante la dictadura, entre ellos el ex agente Raúl Guglielminetti, presentaron una serie de planteos y pedidos de nulidades que lograron dilatar la realización del segundo juicio oral y público en esa provincia, y las querellas esperan que este año se den las condiciones para su realización. La abogada de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), Nerea Monte, informó que “las defensas, cuando ya estaba pedida la elevación a juicio tanto por el fiscal como por las querellas, plantearon una cantidad enorme de incidentes, muchos de los cuales habían sido resueltos, con un evidente afán dilatorio”. Monte explicó que “lo nuevo es que plantearon que los organismos no teníamos legitimidad para ser querellantes, todos los incidentes llevaron tiempo y varios de ellos están para resolver en la Cámara de Casación”.

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EL PAIS › LA JUSTICIA ESPAñOLA ACEPTO ENVIAR AL PAIS A JULIO POCH PARA QUE SEA JUZGADO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

La extradición del piloto de la muerte

La Audiencia Nacional de España consideró que la documentación remitida por la Justicia argentina aporta indicios suficientes sobre la participación de Poch en los vuelos en que se arrojaban “personas vivas desde aviones o helicópteros” durante la dictadura.

Poch está detenido en Madrid y podría llegar a la Argentina en dos semanas.

El ex piloto de la Armada Julio Poch volverá a volar sobre el Atlántico, esta vez para ser juzgado por su presunta participación en los vuelos de la muerte realizados durante la dictadura. Ayer, la Justicia de España autorizó la extradición del marino a la Argentina, al considerar que los delitos que habría cometido son “suficientemente graves” y podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.
Poch, de 57 años, trabajaba hasta el año pasado como comandante de avión de la aerolínea comercial holandesa Transavia, propiedad del consorcio Air France-KLM. En una causa que tramita el juez federal Sergio Torres, está acusado por “detenciones ilegítimas, torturas, lesiones, desapariciones y muertes” producidas durante la dictadura en la ESMA. La investigación incluye el testimonio de un compañero de Poch en Transavia, que contó que el ex piloto naval narró cómo arrojaban a personas al mar desde aviones, y justificó ese método de exterminio de la dictadura. Poch fue detenido el 22 de septiembre de 2009 en el aeropuerto de Valencia durante una escala de su último vuelo como piloto, antes de jubilarse.
La extradición de Poch, que fue acordada por la Sección Segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, máxima instancia judicial española, tendrá que ser ratificada por el Consejo de Ministros del país ibérico, que el pasado 30 de octubre decidió dar continuidad al proceso de extradición.
Para los magistrados españoles Angel Luis Hurtado Adrián (ponente), José Ricardo de Prada Solaesa y Enrique López López, la documentación remitida por la Justicia argentina aporta indicios suficientes de la participación de Poch en los hechos que se le imputan. Al respecto, los jueces detallan en su dictamen que Poch está acusado de arrojar “personas vivas desde aviones o helicópteros, como oficial aviador naval, que cumplía funciones de pilotaje en la Armada Argentina en el período comprendido entre 1976 y 1980”. Además, señalaron que pudo haber participado en “600 hechos concretos” en relación con la “detención ilegítima de personas”, que fueron “internadas indebidamente en la base operativa de la ESMA”, y en “posteriores torturas, lesiones, desapariciones, y muertes” en el marco de un “plan sistemático” aplicado sobre la población argentina “por razones ideológicas”.
El fallo de extradición afirmó que “la documentación remitida (por la Justicia argentina) aporta los elementos indiciarios de la participación del mismo (Poch) en ‘los vuelos de la muerte’”. Los jueces españoles creen, además, que hay garantías suficientes para que tenga un juicio justo en su país. “Considerada Argentina a día de hoy uno de los que se vienen a denominar ‘Estados limpios’, estimamos que su estatus democrático asegura no menos de ese mínimo de respeto y garantías de los derechos fundamentales de la persona, homologable a los que pueda ofrecer nuestro proceso”, agregaron los magistrados. De todos modos, recomendaron que si hubiera “una sentencia condenatoria, en ningún caso deberá ser una pena privativa de libertad a perpetuidad, sino, todo lo más, la inmediatamente inferior a ella”.
El ex piloto, que posee la doble nacionalidad argentino-holandesa, aceptó la semana pasada ser extraditado a Argentina, a pesar de que negó haber participado de los hechos que se le imputan. Al declarar ante los jueces españoles, Poch dijo que fue “acusado falsamente” y que es “inocente”, pero que aceptaba ser extraditado al país para “tener un juicio justo”. También dijo ser víctima de una “jugada política” del Reino de los Países Bajos. El presunto piloto de los vuelos de la muerte se había negado a ser extraditado cuando declaró en octubre de 2009 ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, pero luego cambió de posición y aceptó su traslado, que ayer fue autorizado y que podría concretarse en dos semanas. En un año, Poch estaría en condiciones de ser juzgado.

Fuente; Pagina 12,

Armados contra los pobres, por Eduardo Galeano ....

Si la justicia internacional de veras existe, ¿por qué nunca juzga a los poderosos? No van presos los autores de las más feroces carnicerías. ¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles?

¿Por qué son intocables las cinco potencias que tienen derecho de veto en Naciones Unidas? ¿Ese derecho tiene origen divino? ¿Velan por la paz los que hacen el negocio de la guerra? ¿Es justo que la paz mundial esté a cargo de las cinco potencias que son las principales productoras de armas? Sin despreciar a los narcotraficantes, ¿no es éste también un caso de “crimen organizado”?

Pero no demandan castigo contra los amos del mundo los clamores de quienes exigen, en todas partes, la pena de muerte. Faltaba más. Los clamores claman contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan misiles.

Y uno se pregunta: ya que esos justicieros están tan locos de ganas de matar, ¿por qué no exigen la pena de muerte contra la injusticia social? ¿Es justo un mundo que cada minuto destina 3 millones de dólares a los gastos militares, mientras cada minuto mueren 15 niños por hambre o Los humanos somos los únicos animales especializados en el exterminio mutuo, y hemos desarrollado una tecnología de la destrucción que está aniquilando, de paso, al planeta y a todos sus habitantes. enfermedad curable? ¿Contra quién se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad internacional? ¿Contra la pobreza o contra los pobres?

¿Por qué los fervorosos de la pena capital no exigen la pena de muerte contra los valores de la sociedad de consumo, que cotidianamente atentan contra la seguridad pública? ¿O acaso no invita al crimen el bombardeo de la publicidad que aturde a millones y millones de jóvenes desempleados, o mal pagados, repitiéndoles noche y día que ser es tener, tener un automóvil, tener zapatos de marca, tener, tener, y quien no tiene, no es?

¿Y por qué no se implanta la pena de muerte contra la muerte? El mundo está organizado al servicio de la muerte. ¿O no fabrica muerte la industria militar, que devora la mayor parte de nuestros recursos y buena parte de nuestras energías? Los amos del mundo sólo condenan la violencia cuando la ejercen otros. Y este monopolio de la violencia se traduce en un hecho inexplicable para los extraterrestres, y también insoportable para los terrestres que todavía queremos, contra toda evidencia, sobrevivir: los humanos somos los únicos animales especializados en el exterminio mutuo, y hemos desarrollado una tecnología de la destrucción que está aniquilando, de paso, al planeta y a todos sus habitantes.

Esa tecnología se alimenta del miedo. Es el miedo quien fabrica los enemigos que justifican el derroche militar y policial. Y en tren de implantar la pena de muerte, ¿qué tal si condenamos a muerte al miedo? ¿No sería sano acabar con esta dictadura universal de los asustadores profesionales? Los sembradores de pánicos nos condenan a la soledad, nos prohíben la solidaridad: sálvese quien pueda, aplastaos los unos a los otros, el prójimo es siempre un peligro que acecha, ojo, mucho cuidado, éste te robará, aquél te violará, ese cochecito de bebé esconde una bomba musulmana y si esa mujer te mira, esa vecina de aspecto inocente, es seguro que te contagia la peste porcina.

EDUARDO GALEANO.

FUE EXCARCELADO EL GENOCIDA CARLOS SFULCINI (A) “CARLOS BIANCHI” O “CARLITOS”.‏

Día de los inocentes

No lo supimos hasta el 28 de diciembre, tremenda ironía a las cuales nos quieren acostumbrar desde el poder. De menor impacto general que aquel deleznable indulto de también un 28 de diciembre, pero muy en consonancia con ciertos anuncios para “las fiestas”. Después de todo, la Ley de Punto Final que paralizó los juicios contra los verdugos del pueblo como antesala del Punto Final, que pretendía aniquilarlos directamente para siempre, fue promulgada por Alfonsín un 24 de diciembre de 1986, como regalo de Nochebuena y Navidad. En definitiva, el pueblo siempre está expuesto a que un funcionario notable le sacuda con el peor de los golpes a sus expectativas con una reedición de “la casa está orden...” y un “felices fiestas”.
Lo cierto es que pese a la participación en el expediente en que se investiga la desaparición del compañero Tito Messiez, nada se nos había notificado de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que la semana pasada, y siguiendo con su tradición de obrar como “Área Judicial del Cuerpo II de Ejército” dejó en libertad a uno de sus secuestradores y asesino, Carlos Sfulcini, tal como lo hiciera con muchos represores imputados acá o en Santa Fe en las causas actualmente en desarrollo. Por citar un ejemplo muy difundido en los últimos días, mencionamos el del concejal electo de San Lorenzo, Pedro Pili Rodríguez, al cual el Cuerpo le rechazó su ingreso.
Si la decisión de la Cámara es repudiable, no menos lo es la conducta del titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, el que nada informó a la querella, entendiendo sin duda que la siguiente disposición legal está de adorno, no lo obliga a respetarla o que solamente debe ser aplicada si las víctimas se enteran de lo que pasa por otros medios propios Así se debe superar de alguna providencial manera el secreto cómplice de los Tribunales y reclamar que se informe sobre lo que, de todas maneras, ya se supo. Como tantas veces lo hemos denunciado, el siguiente texto del Código de Procedimientos no parece importarle demasiado al juez:

Art. 80. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la víctima del delito tendrá derecho: …... b) A ser informada sobre el estado de la causa y la situación del imputado;

Pero lo cierto es que la Unidad de Asistencia para Causas de Violaciones a los DDHH durante el Terrorismo de Estado, se enteró de la libertad de Sfulcini porque la querella la anotició, y recién 6 horas después pudo comprobar por boca del secretario del Juzgado que efectivamente, mientras ellos permanecían rigurosamente ajenos a todo, el criminal exhibía su libertad en su domicilio de España 344.
Esta cohabitación de la “imparcialidad” de los jueces con la “asistencia a la víctima” está dando sistemáticamente estos frutos de oscuros resultados que permanecen celosamente custodiados en los secretos ambientes de los Tribunales hasta que esas víctimas logran develar de alguna manera la realidad que se oculta para beneficio de los genocidas, que entre tanto se pasean entre la gente honesta de nuestro pueblo, obligada a convivir con la inmundicia de sus existencias.

En días de festejos por la primera condena a unos pocos imputados por “lesa humanidad”, después de más de 30 años de impunidad para los asesinos del pueblo, por unos pocos delitos y si se quiere menores comparados con los homicidios que cometieron en una enorme asociación ilícita como es el denominado “plan sistemático de exterminio”, se producen cotidianamente aberrantes decisiones y se deslizan sin mayor estrépito conductas desdeñosas del Poder Judicial, como que los juicios federales se suspenden por vacaciones, agregando más tiempo sin condena al que ya dispusieron durante todo ese larguísimo período en que reptaron distintos funcionarios de “la Justicia”. O como los permisos para que los milicos asesinos pasen las fiestas con sus familias, tal el caso de Guerrieri, premiado por el TOF 1 de Rosario.

De hecho que la UADH no imitará esa conducta de reptiles. Una cosa son ellos, y otra el accionar comprometido con la verdadera Justicia que sólo el pueblo sabe exprimir hasta de las piedras, cueste lo que cueste.
Informados de lo que estaba sucediendo -y por la buena voluntad de compañeros cuya humilde colaboración adquiere dimensiones extraordinarias en ciertos momentos- montamos guardia para reiniciar la insustituible labor de marcar a los represores donde fuera y bajo las condiciones que sea que se encuentren. Acá ponemos a disposición de todo el pueblo la cara siniestra de Sfulcini, uno de los sujetos más beneficiados por el “Área Judicial del Cuerpo II de Ejército”.
Por todo esto seguiremos con nuestra lucha en la calle por CASTIGO A LOS ASESINOS DEL PUEBLO y en particular, para que éste esté donde corresponde, es decir, entre rejas.

Imágenes extraídas del video filmado el 28 de diciembre de 2009 frente la casa del genocida Sfulcini.

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Eduardo
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