El represor Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, fue condenado a prisión perpetua y deberá cumplir su sentencia en una cárcel común por orden del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, que lo culpó por el crimen de un policía y el secuestro y las torturas a otros nueve detenidos durante la última dictadura.
Antes de escuchar la condena, Menéndez defendió su accionar en la dictadura, aseguró que “el pueblo” fue “aliado” de las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva y dijo que en el Gobierno actual hay “guerrilleros”.
Junto a Menéndez también fueron condenados a perpetua tres de los otros cinco represores enjuiciados y que prestaron servicio en el Departamento de Informaciones de la Policía, conocido como D2. Otro ex cabo recibió 16 años de prisión y el último fue absuelto.
Menéndez fue el primer militar remitido a una cárcel común en la primera condena a perpetua que recibió el 24 de julio del 2008. En agosto siguiente la Justicia de Tucumán lo sentenció a la misma pena con el ex gobernador Antonio Bussi.
Así, aunque ya cumplía sentencia efectiva en la cárcel de Bouwer, el TOF hizo hincapié en que Menéndez y el resto de los condenados deberán permanecer bajo arresto en prisión común.
Hoy Menéndez reivindicó el accionar de la dictadura al sostener que “en 1976 nadie reclamaba por los supuestos excesos”, y cuestionó a “los guerrilleros” que, dijo, están en “el Gobierno, en el Congreso y también en la Justicia ocupando puestos” bajo “una piel de corderos”.
“Los guerrilleros de hoy van a usar toda su violencia para imponer su dictadura”, dijo. Y afirmó que los militares ganaron “porque el pueblo se alió con nosotros”.
En su discurso antes del fallo Menéndez citó declaraciones del flamante ministro de Educación porteño, Abel Posse, quien había dicho que “ningún país repudió a su Ejército por lo que pidieron sus gobiernos”.
“Tenemos el dudoso mérito de ser el primer país que juzga a sus propios soldados que venció por orden de y para los compatriotas”, insistió el ex militar.
Esta es la segunda condena que recibe en menos de un año quien fue la autoridad máxima de la represión entre 1975 y 1979 sobre las provincias de Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis.
Por eso, apenas se escuchó en el recinto la sentencia y la orden de enviarlo a prisión, los familiares de desaparecidos y agrupaciones de derechos humanos irrumpieron en aplausos y gritos, mientras el presidente del tribunal reclamaba silencio.
El ex jefe de la Policía Rodolfo Campos -que cumple arresto en Buenos Aires y deberá ser trasladado a una cárcel de Córdoba- fue sentenciado también a perpetua, junto a sus camaradas César Armando Cejas y Hugo Cayetano Britos.
Miguel Angel “El Gato” Gómez, ex cabo del D2, recibió 16 años de prisión (la Fiscalía había reclamado 23), mientras que Luis Calixto Flores fue absuelto pese a que el Ministerio Publico solicitó seis años de cárcel.
Todos ellos fueron juzgados por el secuestro, la tortura y el asesinato del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, ocurrido en 1979, y las privaciones ilegales de otros nueve sobrevivientes. En principio eran once los acusados, pero cinco murieron durante la instrucción del sumario.
Aquí se impartieron condenas por “privación ilegítima de la libertad calificado, imposición de tormentos agravada, lesiones gravísimas y homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y la pluralidad de varios partícipes”.
Fernando Albareda, el hijo de la principal víctima del caso, lamentó que el ex suboficial policial Flores haya sido absuelto porque -dijo- el acusado “estuvo en el secuestro” de su padre.
“Es lamentable porque sabemos que Flores fue el que se lo llevó, haberlo absuelto es una lástima. Pero seguramente va a tener que responder por otras causas en las que está sumamente involucrado”, dijo Albareda a los medios tras el fallo.
Los jueces Jaime Díaz Gavier, José Quiroga Uriburu y Sergio Grimaux darán a conocer el próximo martes los argumentos que llevaron a dictar esta sentencia por unanimidad.
No obstante, rechazaron el pedido de la Fiscalía para considerar los crímenes bajo la figura de “genocidio”.
Menéndez deberá afrontar en febrero próximo otro juicio junto a Bussi por más crímenes de lesa humanidad.
La policía provincial irrumpió con desproporcional violencia represiva en un comedor comunitario donde se realizaba un taller artístico del Programa Vida, del gobierno provincial, en busca de un adolescente. Sesenta uniformados de cuatro grupos distintos repartieron golpes y arrojaron gases lacrimógenos, balas de goma y de armas reglamentarias contra personas desarmadas. Las organizaciones sociales denunciaron amenazas. 
El operativo encabezado por personal de la Brigada de Investigaciones adquirió un nivel de violencia desmesurada consistente en golpes a niños, adolescentes, jóvenes y mujeres que se encontraban en el lugar buscando parar la golpiza que los policías estaban propinando al menor. El panorama se complicó con los insultos de los policías, más golpes y el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y balas de sus armas reglamentarias contra todos los presentes en el pasaje del comedor cito a la altura de San Miguel al 1800 cuyo domicilio fue violado por el personal policial.
Desde Tucumán pedimos a las compañeras y a los compañeros puedan expedirse y comunicar a la opinión pública de manera urgente este modo de operar de las fuerzas policiales tucumanas y el ministerio de “seguridad ciudadana” quienes cuentan con el segundo mayor monto asignado del presupuesto general 2010 de la Provincia, incluso más que el propio Ministerio de Desarrollo Social, dando muestras de toda una opción política explicada presupuestariamente de lo que se avecina en nuestra poblaciones y en medio de las cuales quedamos las compañeras y los compañeros de las Organizaciones de la Sociedad Civil muchas veces en la soledad de su trabajo.
