Acusado. Carlos Eduardo Carrizo Salvadores, quien podría quedar detenido por la gravedad del delito que se le endilga.
Indagan a los sospechosos
Son Carlos Carrizo Salvadores y Mario Nakagama, quienes serán imputados por "homicidio agravado". Por la forma en que fue cometido se considera delito de lesa humanidad, imprescriptible para la ley penal.
El juez federal Ricardo Antonio Moreno indagará mañana y pasado a los dos únicos imputados que tiene la causa abierta para investigar la presunta masacre ocurrida en las serranías adyacentes a la Capilla del Rosario, los ex militares Carlos Carrizo Salvadores y Mario Nakagama, quienes fueron sindicados como los oficiales que comandaron la operación que derivó en el aniquilamiento de 16 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en agosto de 1974.El juez fijó para mañana la indagatoria de Carrizo Salvadores y para el jueves la de Nakagama. Ambos serán imputados de "homicidio agravado", porque supuestamente ordenaron abatir a los insurgentes una vez que éstos ya habían rendido sus armas. En este caso se trata de delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles para la ley penal. Carrizo Salvadores, quien ocupó cargos jerárquicos en el desaparecido Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca e incluso fue Secretario General de la Gobernación una vez consumado el golpe de Estado de 1976, se desempeñó luego como abogado defensor de represores de la última dictadura y fue jefe de Policía de Jujuy.Los testigos que declararon en la causa abierta en el 2004 por una denuncia radicada por integrantes de grupos defensores de los Derechos Humanos señalaron unívocamente que tanto Carrizo Salvadores como Nakagama ejecutaron órdenes superiores de fusilar a 16 integrantes de un grupo insurgente que había sido acorralado en el llamado "Cañadón de los Walther". El grupo se había separado de un pelotón mayor que había arribado a Catamarca un par de días antes para robar pertrechos de guerra de los polvorines del RI 17.Por casualidad un vecino de Fray Mamerto Esquiú descubrió al grupo cuando se preparaba para la intentona y dio aviso a las autoridades. Tras un primer enfrentamiento, el comando guerrillero de la mítica "Compañía del Monte" se fraccionó en tres partes: una huyó por ruta 1 hacia el sur tucumano, algunos insurgentes fueron detenidos tratando de escapar en distintos puntos del Valle Central y la tercera fracción fue la que fue víctima de la masacre. Entre las pruebas que existen en contra de los acusados figuran las autopsias e informes que acreditan el fusilamiento.
DetenciónPor la gravedad del delito que se les imputará a Carrizo Salvadores y a Nakagama se especula que el juez Ricardo Moreno ordenará su detención. La hipótesis surge de la decisión que ya tomó el juez en diciembre pasado, cuando rechazó sendos pedidos de eximición de prisión que presentó en favor de los sospechosos el defensor oficial ad hoc Mar
celo Herrera Castellanos.Además de los testimonios recogidos durante la investigación del caso, que señalan a Carrizo Salvadores y Nakagama como los autores materiales de la masacre, figuran en la causa informes médicos de autopsia que acreditan que los balazos recibidos por los insurgentes se dispararon a corta distancia, con las víctimas en posición inerme.También se cuenta con el testimonio del abogado Mario Marca, quien al enterarse que los militantes del ERP habían sido acorralados pidió al entonces ministro de Gobierno Alberto del Valle Toro interceder para lograr la rendición de los insurgentes. Entonces el hombre fuerte del gobernador Hugo Mott le respondió que era tarde, que el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército había dado la orden de aniquilar a los guerrilleros.
Indagan a los sospechosos
Son Carlos Carrizo Salvadores y Mario Nakagama, quienes serán imputados por "homicidio agravado". Por la forma en que fue cometido se considera delito de lesa humanidad, imprescriptible para la ley penal.
El juez federal Ricardo Antonio Moreno indagará mañana y pasado a los dos únicos imputados que tiene la causa abierta para investigar la presunta masacre ocurrida en las serranías adyacentes a la Capilla del Rosario, los ex militares Carlos Carrizo Salvadores y Mario Nakagama, quienes fueron sindicados como los oficiales que comandaron la operación que derivó en el aniquilamiento de 16 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en agosto de 1974.El juez fijó para mañana la indagatoria de Carrizo Salvadores y para el jueves la de Nakagama. Ambos serán imputados de "homicidio agravado", porque supuestamente ordenaron abatir a los insurgentes una vez que éstos ya habían rendido sus armas. En este caso se trata de delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles para la ley penal. Carrizo Salvadores, quien ocupó cargos jerárquicos en el desaparecido Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca e incluso fue Secretario General de la Gobernación una vez consumado el golpe de Estado de 1976, se desempeñó luego como abogado defensor de represores de la última dictadura y fue jefe de Policía de Jujuy.Los testigos que declararon en la causa abierta en el 2004 por una denuncia radicada por integrantes de grupos defensores de los Derechos Humanos señalaron unívocamente que tanto Carrizo Salvadores como Nakagama ejecutaron órdenes superiores de fusilar a 16 integrantes de un grupo insurgente que había sido acorralado en el llamado "Cañadón de los Walther". El grupo se había separado de un pelotón mayor que había arribado a Catamarca un par de días antes para robar pertrechos de guerra de los polvorines del RI 17.Por casualidad un vecino de Fray Mamerto Esquiú descubrió al grupo cuando se preparaba para la intentona y dio aviso a las autoridades. Tras un primer enfrentamiento, el comando guerrillero de la mítica "Compañía del Monte" se fraccionó en tres partes: una huyó por ruta 1 hacia el sur tucumano, algunos insurgentes fueron detenidos tratando de escapar en distintos puntos del Valle Central y la tercera fracción fue la que fue víctima de la masacre. Entre las pruebas que existen en contra de los acusados figuran las autopsias e informes que acreditan el fusilamiento.
DetenciónPor la gravedad del delito que se les imputará a Carrizo Salvadores y a Nakagama se especula que el juez Ricardo Moreno ordenará su detención. La hipótesis surge de la decisión que ya tomó el juez en diciembre pasado, cuando rechazó sendos pedidos de eximición de prisión que presentó en favor de los sospechosos el defensor oficial ad hoc Mar
celo Herrera Castellanos.Además de los testimonios recogidos durante la investigación del caso, que señalan a Carrizo Salvadores y Nakagama como los autores materiales de la masacre, figuran en la causa informes médicos de autopsia que acreditan que los balazos recibidos por los insurgentes se dispararon a corta distancia, con las víctimas en posición inerme.También se cuenta con el testimonio del abogado Mario Marca, quien al enterarse que los militantes del ERP habían sido acorralados pidió al entonces ministro de Gobierno Alberto del Valle Toro interceder para lograr la rendición de los insurgentes. Entonces el hombre fuerte del gobernador Hugo Mott le respondió que era tarde, que el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército había dado la orden de aniquilar a los guerrilleros.
