Por un traslado bajo custodia
La fiscalía y los querellantes objetaron que quienes gozan del beneficio del arresto domiciliario vayan a Tribunales por sus propios medios y acompañados por sus familiares. Señalaron que deben ser vigilados por fuerzas de seguridad.
Cuatro de los acusados en el juicio por la ESMA llegan a Tribunales por sus propios medios y con su familia.
El Ministerio Público y las querellas del primer juicio a un grupo de represores de la ESMA cuestionaron ayer que los imputados que gozan de arresto domiciliario se movilicen por sus medios y en compañía de esposas y amigos, igual que los sobrevivientes y familiares de víctimas que acuden a presenciar las audiencias, y reclamaron que sea una fuerza de seguridad la que garantice las custodias durante los traslados a Comodoro Py. “Familiares y amigos pueden cuidarlos, pero la custodia es un deber indelegable del Estado”, destacó el fiscal federal Pablo Ouviña. La respuesta del Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) al planteo que formuló originalmente el abogado Rodolfo Yanzón se conocerá el 27 de enero a las 10, cuando se reanude el juicio oral y público a Acosta, Donda & Cía.
A diferencia de las audiencias iniciales, los imputados ingresaron ayer sin esposas. Los veinte marinos instalados en la bandeja superior levantaron la mano derecha al mismo tiempo en respuesta al saludo del capitán Raúl Scheller, Mariano en la sala de torturas de la ESMA. La imagen provocó una sonrisa de Adolfo Donda, “un tipo encantador” según confió Cecilia Pando a los periodistas el mes pasado, cuando Gerónimo, como se hacía llamar en cautiverio, ingresó por primera vez a la sala. Alfredo Astiz dejó ayer en la cárcel el libro del agente Juan Yofre y sólo llevó una carpeta rosa con hojas sueltas.
Los jueces dieron inicio a la audiencia una hora después de lo previsto, una vieja costumbre del TOF5. Luego su presidente Daniel Obligado autorizó el ingreso de 21 reporteros gráficos (divididos en cuatro tandas), quienes tras dos horas de espera tuvieron que hacer su trabajo en poco más de un minuto. Retrataron por primera vez al capitán Alberto González, alias Gato, ausente al comienzo del juicio con diagnóstico de “lumbalgia” emitido por el Hospital Naval. No estuvieron, en cambio, el prefecto Juan Antonio Azic, alias Piraña (no está imputado en la causa por el secuestro de las monjas francesas, cuyo requerimiento de elevación se leyó ayer), y al ex canciller Oscar Montes, quien consiguió que le leyeran las acusaciones en su contra durante las primeras audiencias y lo autorizaran a quedarse (arrestado) en su casa, por su delicado estado de salud.
Yanzón había cuestionado la ausencia de controles durante los traslados de quienes gozan de arresto domiciliario luego de ver en sus autos particulares al contraalmirante Manuel García Tallada, y al teniente coronel Julio César Coronel con su hijo. De los 17 imputados, gozan del privilegio los dos citados más el contraalmirante Montes y el comisario Ernesto Weber, quien le enseñó a usar la picana eléctrica a los marinos.
El fiscal Ouviña analizó el artículo 33 de la ley 24.660 que regula el arresto hogareño y diferenció tres aspectos: la supervisión del cumplimiento, el cuidado del reo y su custodia durante los traslados. La última función, explicó, debe estar a cargo de fuerzas de seguridad. Argumentó que “el arresto domiciliario es un modo de cumplimiento de la prisión preventiva” y que “el tribunal debe garantizar la custodia” del detenido, por lo cual “los traslados deben estar a cargo de personal idóneo, ya sea policía o Servicio Penitenciario Federal”.
Adhirieron a su posición las querellas del CELS, de la Secretaría de Derechos Humanos y el abogado Horacio Méndez Carreras, y se opusieron los de los imputados. El defensor oficial Lucas Tassara rechazó la distinción entre supervisión y custodia. Su colega Carlos López Camelo destacó la buena conducta de los imputados. Guillermo Coronel dijo que hablaba “en el doble plano de defensor e hijo”, destacó que su padre “cumple exageradamente con las disposiciones” legales, y pidió no olvidar que “los procesados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.
Una tercera posición planteó la abogada Miriam Bregman, de Justicia Ya. Cuestionó que imputados por delitos de lesa humanidad gocen de prisión domiciliaria, recordó la desaparición de Julio López, la muerte por envenenamiento de Héctor Febres, y reclamó “cárcel común, efectiva y de máxima seguridad”, al margen de edades o enfermedades. Su exposición derivó en silbidos poco sutiles de la mujer de uno de los imputados. Obligado exigió silencio y advirtió que “de ser identificada, la persona que silbó será retirada de la sala y hasta detenida”. Minutos después, ya en el pasillo, los policías que la vieron taparse la boca le advirtieron que le prohibirían el ingreso en la sala. Consultada por Página/12, en compañía de dos marinos, la señora prefirió ocultar su identidad.
A diferencia de las audiencias iniciales, los imputados ingresaron ayer sin esposas. Los veinte marinos instalados en la bandeja superior levantaron la mano derecha al mismo tiempo en respuesta al saludo del capitán Raúl Scheller, Mariano en la sala de torturas de la ESMA. La imagen provocó una sonrisa de Adolfo Donda, “un tipo encantador” según confió Cecilia Pando a los periodistas el mes pasado, cuando Gerónimo, como se hacía llamar en cautiverio, ingresó por primera vez a la sala. Alfredo Astiz dejó ayer en la cárcel el libro del agente Juan Yofre y sólo llevó una carpeta rosa con hojas sueltas.
Los jueces dieron inicio a la audiencia una hora después de lo previsto, una vieja costumbre del TOF5. Luego su presidente Daniel Obligado autorizó el ingreso de 21 reporteros gráficos (divididos en cuatro tandas), quienes tras dos horas de espera tuvieron que hacer su trabajo en poco más de un minuto. Retrataron por primera vez al capitán Alberto González, alias Gato, ausente al comienzo del juicio con diagnóstico de “lumbalgia” emitido por el Hospital Naval. No estuvieron, en cambio, el prefecto Juan Antonio Azic, alias Piraña (no está imputado en la causa por el secuestro de las monjas francesas, cuyo requerimiento de elevación se leyó ayer), y al ex canciller Oscar Montes, quien consiguió que le leyeran las acusaciones en su contra durante las primeras audiencias y lo autorizaran a quedarse (arrestado) en su casa, por su delicado estado de salud.
Yanzón había cuestionado la ausencia de controles durante los traslados de quienes gozan de arresto domiciliario luego de ver en sus autos particulares al contraalmirante Manuel García Tallada, y al teniente coronel Julio César Coronel con su hijo. De los 17 imputados, gozan del privilegio los dos citados más el contraalmirante Montes y el comisario Ernesto Weber, quien le enseñó a usar la picana eléctrica a los marinos.
El fiscal Ouviña analizó el artículo 33 de la ley 24.660 que regula el arresto hogareño y diferenció tres aspectos: la supervisión del cumplimiento, el cuidado del reo y su custodia durante los traslados. La última función, explicó, debe estar a cargo de fuerzas de seguridad. Argumentó que “el arresto domiciliario es un modo de cumplimiento de la prisión preventiva” y que “el tribunal debe garantizar la custodia” del detenido, por lo cual “los traslados deben estar a cargo de personal idóneo, ya sea policía o Servicio Penitenciario Federal”.
Adhirieron a su posición las querellas del CELS, de la Secretaría de Derechos Humanos y el abogado Horacio Méndez Carreras, y se opusieron los de los imputados. El defensor oficial Lucas Tassara rechazó la distinción entre supervisión y custodia. Su colega Carlos López Camelo destacó la buena conducta de los imputados. Guillermo Coronel dijo que hablaba “en el doble plano de defensor e hijo”, destacó que su padre “cumple exageradamente con las disposiciones” legales, y pidió no olvidar que “los procesados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.
Una tercera posición planteó la abogada Miriam Bregman, de Justicia Ya. Cuestionó que imputados por delitos de lesa humanidad gocen de prisión domiciliaria, recordó la desaparición de Julio López, la muerte por envenenamiento de Héctor Febres, y reclamó “cárcel común, efectiva y de máxima seguridad”, al margen de edades o enfermedades. Su exposición derivó en silbidos poco sutiles de la mujer de uno de los imputados. Obligado exigió silencio y advirtió que “de ser identificada, la persona que silbó será retirada de la sala y hasta detenida”. Minutos después, ya en el pasillo, los policías que la vieron taparse la boca le advirtieron que le prohibirían el ingreso en la sala. Consultada por Página/12, en compañía de dos marinos, la señora prefirió ocultar su identidad.
EL PAIS › EL REPRESOR JULIO POCH SERIA TRASLADADO DESDE ESPAñA EN DOS SEMANAS
Más cerca de la extradición
El ex piloto naval que confesó ante colegas de una aerolínea haber participado de los vuelos de la muerte aceptó ayer ser juzgado en Argentina. Ahora se considera víctima de “una jugada política” de Holanda, donde residía.
Por Diego Martínez
Luego de contratar a dos de los abogados más caros de Europa con el objetivo de evitar ser juzgado en la Argentina, donde ocurrieron los vuelos de la muerte que confesó ante sus compañeros de la aerolínea Transavia, el ex piloto naval Julio Poch modificó su estrategia y manifestó ayer ante la Audiencia Nacional de España su voluntad de ser extraditado y sometido a “un juicio justo”. Fuentes judiciales calcularon que en dos semanas podría concretarse el próximo vuelo del marino sobre el Atlántico y en un año estaría en condiciones de ser juzgado.
El teniente de fragata de 57 años, que según sus colegas holandeses “defendía el hecho de haber arrojado gente al mar”, explicó ante los jueces que se considera víctima de “una jugada política” del reino de los Países Bajos, donde ejerce como princesa una hija de Jorge Zorreguieta, secretario de Agricultura de la última dictadura. El lunes trascendió que una de las hijas de Poch le envió una carta a la sucesora del reino con la esperanza de obtener ayuda, y el propio imputado anticipó en declaraciones al diario De Telegraaf sus intenciones de probar su inocencia en el país. Poch contó con orgullo que en la cárcel de Madrid lo llaman “gentleman” y, con citas de “expertos” no identificados, afirmó que existe en la Argentina una “caza de brujas” por los crímenes de la última dictadura.
El ex oficial de la Armada fue detenido el 22 de septiembre en el aeropuerto de Valencia. De inmediato contrató a Gerard Spong, afamado defensor de causas impopulares en Holanda, y a Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional y ex representante de España ante organismos de la Unión Europea. Spong se paseó por los medios criticando a la Justicia argentina e insistiendo en la obligación de Holanda de repatriar al piloto que tiene doble ciudadanía. Su trabajo continuó al menos hasta la semana pasada, cuando dijo que en caso de ser extraditado su cliente debería estar entre seis y diez años con prisión preventiva, e invocó un supuesto informe de Human Right Watch para destacar las “grandes posibilidades” de ser condenado pues “sólo el treinta por ciento” de los represores resultan absueltos. En realidad, según el CELS fueron absueltos siete de los 75 imputados que llegaron a juicio, el 9,3 por ciento.
Peláez también alternó trabajo jurídico con declaraciones en los medios. Ya en octubre pasado dijo que la detención respondía a “temas más políticos que otra cosa”, sugirió que el reino de los Países Bajos evitó concretar la detención de Poch y, como consecuencia “la patata caliente se la han mandado a España”. La semana pasada les anticipó a periodistas holandeses que iba a plantear ante la Audiencia Nacional un “fraude de derecho” en contra de Holanda por negarse a detenerlo en su territorio, y afirmó que su cliente no tendría en la Argentina “un juicio imparcial y justo” porque gran parte de los jueces “son de izquierda” (sic).
El 6 de octubre Poch declaró ante el juez Eloy Velasco que no tuvo “nada que ver” con el terrorismo de Estado. El 30 de octubre, el Consejo de Ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aceptó tramitar la extradición al considerar que Argentina es competente para juzgar a sus represores. El 18 de diciembre, un juez de La Haya admitió que Holanda estaba facultada para juzgar a Poch y no descartó que le permitan volver para cumplir su condena, pero consideró que el juicio debía realizarse donde ocurrieron los crímenes, para “que los familiares de las personas desaparecidas puedan seguir el proceso”, y rechazó la extradición al reino de la princesa Máxima Zorreguieta.
El lunes, en diálogo con De Telegraaf, Poch intentó desacreditar al ex compañero de Transavia que lo denunció (no a los testigos directos de la confesión), culpó al gobierno holandés de su detención en España, que vinculó con el fantasma de Zorreguieta, y por primera vez manifestó su voluntad de ser extraditado a la Argentina. Ayer dijo ante los tres jueces de la Audiencia Nacional que llevaba “cuatro meses detenido injustamente”, que deseaba la extradición para “poder defenderse”, que le han “arruinado” su carrera por hechos de los que “no existen pruebas”, y que “lo más vergonzoso” era que la Justicia argentina lo acusó “sin investigar los hechos”. La afirmación carece de fundamentos: el juez federal Sergio Torres y su secretario Pablo Yadarola pidieron su captura internacional después de escuchar en persona a los testigos de su confesión. La posta de Spong y Peláez ya la tomó el abogado Gerardo Ibáñez, que el año pasado logró en Mar del Plata la absolución del coronel Alejandro Duret y que en la causa ESMA defiende al coronel Roque Angel Martello.
dmartinez@pagina12.com.ar
El teniente de fragata de 57 años, que según sus colegas holandeses “defendía el hecho de haber arrojado gente al mar”, explicó ante los jueces que se considera víctima de “una jugada política” del reino de los Países Bajos, donde ejerce como princesa una hija de Jorge Zorreguieta, secretario de Agricultura de la última dictadura. El lunes trascendió que una de las hijas de Poch le envió una carta a la sucesora del reino con la esperanza de obtener ayuda, y el propio imputado anticipó en declaraciones al diario De Telegraaf sus intenciones de probar su inocencia en el país. Poch contó con orgullo que en la cárcel de Madrid lo llaman “gentleman” y, con citas de “expertos” no identificados, afirmó que existe en la Argentina una “caza de brujas” por los crímenes de la última dictadura.
El ex oficial de la Armada fue detenido el 22 de septiembre en el aeropuerto de Valencia. De inmediato contrató a Gerard Spong, afamado defensor de causas impopulares en Holanda, y a Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional y ex representante de España ante organismos de la Unión Europea. Spong se paseó por los medios criticando a la Justicia argentina e insistiendo en la obligación de Holanda de repatriar al piloto que tiene doble ciudadanía. Su trabajo continuó al menos hasta la semana pasada, cuando dijo que en caso de ser extraditado su cliente debería estar entre seis y diez años con prisión preventiva, e invocó un supuesto informe de Human Right Watch para destacar las “grandes posibilidades” de ser condenado pues “sólo el treinta por ciento” de los represores resultan absueltos. En realidad, según el CELS fueron absueltos siete de los 75 imputados que llegaron a juicio, el 9,3 por ciento.
Peláez también alternó trabajo jurídico con declaraciones en los medios. Ya en octubre pasado dijo que la detención respondía a “temas más políticos que otra cosa”, sugirió que el reino de los Países Bajos evitó concretar la detención de Poch y, como consecuencia “la patata caliente se la han mandado a España”. La semana pasada les anticipó a periodistas holandeses que iba a plantear ante la Audiencia Nacional un “fraude de derecho” en contra de Holanda por negarse a detenerlo en su territorio, y afirmó que su cliente no tendría en la Argentina “un juicio imparcial y justo” porque gran parte de los jueces “son de izquierda” (sic).
El 6 de octubre Poch declaró ante el juez Eloy Velasco que no tuvo “nada que ver” con el terrorismo de Estado. El 30 de octubre, el Consejo de Ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aceptó tramitar la extradición al considerar que Argentina es competente para juzgar a sus represores. El 18 de diciembre, un juez de La Haya admitió que Holanda estaba facultada para juzgar a Poch y no descartó que le permitan volver para cumplir su condena, pero consideró que el juicio debía realizarse donde ocurrieron los crímenes, para “que los familiares de las personas desaparecidas puedan seguir el proceso”, y rechazó la extradición al reino de la princesa Máxima Zorreguieta.
El lunes, en diálogo con De Telegraaf, Poch intentó desacreditar al ex compañero de Transavia que lo denunció (no a los testigos directos de la confesión), culpó al gobierno holandés de su detención en España, que vinculó con el fantasma de Zorreguieta, y por primera vez manifestó su voluntad de ser extraditado a la Argentina. Ayer dijo ante los tres jueces de la Audiencia Nacional que llevaba “cuatro meses detenido injustamente”, que deseaba la extradición para “poder defenderse”, que le han “arruinado” su carrera por hechos de los que “no existen pruebas”, y que “lo más vergonzoso” era que la Justicia argentina lo acusó “sin investigar los hechos”. La afirmación carece de fundamentos: el juez federal Sergio Torres y su secretario Pablo Yadarola pidieron su captura internacional después de escuchar en persona a los testigos de su confesión. La posta de Spong y Peláez ya la tomó el abogado Gerardo Ibáñez, que el año pasado logró en Mar del Plata la absolución del coronel Alejandro Duret y que en la causa ESMA defiende al coronel Roque Angel Martello.
dmartinez@pagina12.com.ar
Lesa humanidad: niegan excarcelación a prófugo detenido esta semana
15/01/2010 - Lo resolvió el juez federal Ariel Lijo. Se trata de Carlos Somoza, un ex agente de Inteligencia del Ejército durante el último gobierno de facto, detenido el pasado martes, acusado de participar en la comisión de crímenes contra los derechos humanos
El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Carlos Eduardo Somoza, un ex agente de Inteligencia del Ejército durante el último gobierno de facto, detenido el pasado martes, acusado de participar en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Somoza, que actualmente se encuentra en el hospital de la cárcel de Ezeiza por problemas coronarios, está imputado desde el 26 de junio de 2009, luego que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, ampliara querella por nuevos hechos que lo tuvieron como partícipe.
En el marco de esas actuaciones se investiga la responsabilidad de los integrantes del Batallón de Inteligencia 601 en la desaparición forzada de miembros de la agrupación Montoneros en el período que abarcó la denominada “Contraofensiva”, ocurrido durante el año 1980. Somoza, en esa época, se hacía llamar bajo el seudónimo de “César Ernesto Segal”.
Desde el 1º de julio último se ordenó librar captura nacional e internacional a su respecto, y es desde esa fecha en la cual el nombrado ha eludido el accionar de la Justicia, estando en condición de prófugo hasta este martes, cuando fue hallado en un domicilio de la localidad bonaerense de Ituzaingó, por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Somoza fue imputado por “haber integrado, en su carácter de agente secreto de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino, grupos operativos que constituyeron el sistema ilegal de represión implementada entre los años 1976 y 1983, bajo el control operacional del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino, interviniendo en un accionar sistemático y organizado junto a otros integrantes de las fuerzas de seguridad participando en la comisión del siguiente hecho: Secuestro y privación ilegal de la libertad de Silvia Noemí Tolchinsky, detenida el día 9 de septiembre de 1980 en el paso fronterizo Las Cuevas, Mendoza, por personal del Batallón 601 Inteligencia y mantenida detenida en casas clandestinas del Partido de General Sarmiento (provincia de Buenos Aires) y Paso de los Libres (provincia de Corrientes) hasta comienzos del año 1983…”.
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