El teniente coronel retirado, Hugo César Espeche utilizó la ampliatoria de su indagatoria que le concedió el juez Carlos Olivera Pastor, para reiterar su inocencia en el asesinato de once presos políticos en Palomitas el 6 de julio de 1976, y volver a responsabilizar al entonces jefe de la Guarnición, Carlos Alberto Mulhall, como el autor del operativo
Carlos Mulhall acusado por Hugo Espeche
Cuando llegó al penal, aseveró, los presos ya estaban acondicionados en tres móviles celulares de la policía de la provincia y lo único que hizo, en un procedimiento que le pareció a todas luces legal, fue pasar lista a los presos.
Espeche dijo que entregó los prisioneros a Juan Carlos Grande en la ruta, un militar que hacía de Jefe de Policía y que ya falleció. "Capitán Espeche, muchas gracias, acá termina su misión, puede retornar al regimiento", dijo el teniente coronel retirado que le dijo Grande
Después de intentar dejar a salvo su responsabilidad en el mayor crimen político perpetrado en Salta durante la dictadura, Espeche se dedicó a responsabilizar a distintos organismos de seguridad.
"Los responsables de todo lo ocurrido en Palomitas - Cabeza de Buey son el coronel Alberto Mulhall, funcionarios policiales y funcionarios militares, con responsabilidades políticas", afirmó luego.
Y recordó que en prisión le increpó a Mulhall, por la orden que había impartido, un hecho que, subrayó, el propio ex jefe de la Guarnición llegó a admitir luego ante el defensor oficial Federico Petrina.
Sólo un idiota
"Solamente un idiota" puede presentarse en forma descubierta, "y no pensar que en el futuro puede ser señalado como efectivamente ocurrió", se amargó,.
Espeche está imputado por el delito de participación secundaria del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y la participación de dos o más personas".
El juicio en el que también está acusado Miguel Gentil se realiza de acuerdo al Código Procesal vigente en 1976, cuando ocurrió la masacre.
Una vez que lleguen los últimos informes y pericias solicitados por el juez subrogante Carlos Olivera Pastor, los querellantes pedirán la clausura de la etapa de pruebas y el inicio de los alegatos.
Jornada. Domingo 17/01/10
El juicio oral por la Masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto de 1972 se hará en abril. Así lo confirmaron a Jornada fuentes del Juzgado Federal de Rawson.
El inicio de las audiencias habría sido consensuado entre el juez federal Hugo Sastre y los integrantes de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. El juicio se hará en la ciudad de Trelew y casi con seguridad en instalaciones del Teatro Verdi, el único lugar que reúne las condiciones para un acontecimiento de esta naturaleza.
Serán llevados al banquillo los seis detenidos: el ex contralmirante Horacio Mayorga, ex jefe de de Operaciones de Puerto Belgrano y responsable de todas las bases del sur en el momento del hecho. Roberto Horacio Paccagnini, ex jefe de la Base Zar, el ex capitán Jorge Emilio del Real, el ex capitán Luis Emilio Sosa, el ex cabo Carlos Amadeo Marandino y el ex capitán de Navío Jorge Enrique Bautista. Todos están procesados en la causa por distintas responsabilidades. Los casos de Sosa, Marandino y Del Real son los más complicados: están acusado de ser los autores materiales del fusilamiento de los 19 militantes de organizaciones de izquierda que estaban alojados en la Base Almirante Zar.
En la causa existe un solo prófugo: el ex teniente Roberto Guillermo Bravo, sobre quien también pesa la acusación de ser autor material del hecho. Bravo está radicado hace décadas en Estados Unidos donde tiene una empresa que le vende insumos al Estado. La justicia federal de Rawson pidió su extradición pero el país del norte se negó sistemáticamente a otorgarla. Bravo vive cómodamente en Miami donde además tendría costosas propiedades. Para pedir la extradición, el juzgado federal de Rawson debió traducir todo el voluminoso expediente de la masacre y enviarlo a la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Recién después comenzaron los trámites para lograr que Bravo regrese al país para ser juzgado. Trámites hasta el año pasado, nada simples (ver aparte).
La Masacre de Trelew ocurrió el 22 de agosto de 1972. La madrugada de ese día, 19 militantes de organizaciones armadas fueron fusilados en los calabozos de la Base Almirante Zar de Trelew , donde estaban detenidos ilegalmente. Una semana antes y junto a un grupo de jefes de esas mismas organizaciones habían fugado de la Unidad Seis de Rawson y pretendían secuestrar un avión para huir a Chile.
Los jefes (entre los que se encontraban Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo, Roberto Quieto, Marcos Osatinsky, Fernando Vaca Narvaja y Domingo Mena), lo lograron. Pero el segundo grupo integrado por 19 guerrilleros no pudieron alcanzar el avión. Y fueron detenidos en el viejo aeropuerto de Trelew. De allí fueron llevados a la Base Zar donde la madrugada del 22 de agosto fueron obligados a salir de sus celdas. Después, los fusilaron. Sólo tres sobrevivieron: María Antónimo Berger, Ricardo Haidar y Alberto Camps.
Desde un primer momento, el gobierno de facto que por entonces conducía Alejandro Agustín Lanusse justificó la masacre diciendo que hubo un intento de fuga. Pero los testimonios posteriores comprobaron prácticamente que se trató de un fusilamiento.
Más de 30 años después y por pedido de algunos familiares de las víctimas se reabrió la causa. Fue en 2006. El primer juez fue Jorge Pfleger. Pero después lo continuó Hugo Sastre quien junto al fiscal Fernando Gélvez, realizó una investigación impecable que permitió detener y procesar a los supuestos responsables, convertidos en verdaderos “fantasmas” después de la masacre.
Tras las detenciones producidas a partir de febrero de 2007, los abogados defensores de los imputados presentaron decenas de apelaciones. Incluso después que el juez dictara los procesamientos. Pero finalmente y tras largos períodos, la Cámara de Casación no hizo lugar a ninguno de los pedidos y dio por válido todo lo actuado por el juez Sastre.
Cumplidos varios plazos legales, sólo faltaba la fecha de inicio de las audiencias, por las que pasarán, se estima, más de cien testigos. La primera aproximación es que el juicio comenzará la segunda quincena de abril. Varios de los imputados han logrado el beneficio de la prisión domiciliaria debido a la edad (mayores de 70 años) y a alguna enfermedad. Pero, como en el caso del ex cabo Marandino, violan ese beneficio constantemente paseando por la ciudad donde residen. Otros, según se supo, se encuentran en libertad por disposición de la Cámara Nacional de Casación. Por eso, la premura para que el juicio oral y público comience cuanto antes. Y cuanto antes se conozca la verdad.
Serán llevados al banquillo los seis detenidos: el ex contralmirante Horacio Mayorga, ex jefe de de Operaciones de Puerto Belgrano y responsable de todas las bases del sur en el momento del hecho. Roberto Horacio Paccagnini, ex jefe de la Base Zar, el ex capitán Jorge Emilio del Real, el ex capitán Luis Emilio Sosa, el ex cabo Carlos Amadeo Marandino y el ex capitán de Navío Jorge Enrique Bautista. Todos están procesados en la causa por distintas responsabilidades. Los casos de Sosa, Marandino y Del Real son los más complicados: están acusado de ser los autores materiales del fusilamiento de los 19 militantes de organizaciones de izquierda que estaban alojados en la Base Almirante Zar.
En la causa existe un solo prófugo: el ex teniente Roberto Guillermo Bravo, sobre quien también pesa la acusación de ser autor material del hecho. Bravo está radicado hace décadas en Estados Unidos donde tiene una empresa que le vende insumos al Estado. La justicia federal de Rawson pidió su extradición pero el país del norte se negó sistemáticamente a otorgarla. Bravo vive cómodamente en Miami donde además tendría costosas propiedades. Para pedir la extradición, el juzgado federal de Rawson debió traducir todo el voluminoso expediente de la masacre y enviarlo a la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Recién después comenzaron los trámites para lograr que Bravo regrese al país para ser juzgado. Trámites hasta el año pasado, nada simples (ver aparte).
La Masacre de Trelew ocurrió el 22 de agosto de 1972. La madrugada de ese día, 19 militantes de organizaciones armadas fueron fusilados en los calabozos de la Base Almirante Zar de Trelew , donde estaban detenidos ilegalmente. Una semana antes y junto a un grupo de jefes de esas mismas organizaciones habían fugado de la Unidad Seis de Rawson y pretendían secuestrar un avión para huir a Chile.
Los jefes (entre los que se encontraban Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo, Roberto Quieto, Marcos Osatinsky, Fernando Vaca Narvaja y Domingo Mena), lo lograron. Pero el segundo grupo integrado por 19 guerrilleros no pudieron alcanzar el avión. Y fueron detenidos en el viejo aeropuerto de Trelew. De allí fueron llevados a la Base Zar donde la madrugada del 22 de agosto fueron obligados a salir de sus celdas. Después, los fusilaron. Sólo tres sobrevivieron: María Antónimo Berger, Ricardo Haidar y Alberto Camps.
Desde un primer momento, el gobierno de facto que por entonces conducía Alejandro Agustín Lanusse justificó la masacre diciendo que hubo un intento de fuga. Pero los testimonios posteriores comprobaron prácticamente que se trató de un fusilamiento.
Más de 30 años después y por pedido de algunos familiares de las víctimas se reabrió la causa. Fue en 2006. El primer juez fue Jorge Pfleger. Pero después lo continuó Hugo Sastre quien junto al fiscal Fernando Gélvez, realizó una investigación impecable que permitió detener y procesar a los supuestos responsables, convertidos en verdaderos “fantasmas” después de la masacre.
Tras las detenciones producidas a partir de febrero de 2007, los abogados defensores de los imputados presentaron decenas de apelaciones. Incluso después que el juez dictara los procesamientos. Pero finalmente y tras largos períodos, la Cámara de Casación no hizo lugar a ninguno de los pedidos y dio por válido todo lo actuado por el juez Sastre.
Cumplidos varios plazos legales, sólo faltaba la fecha de inicio de las audiencias, por las que pasarán, se estima, más de cien testigos. La primera aproximación es que el juicio comenzará la segunda quincena de abril. Varios de los imputados han logrado el beneficio de la prisión domiciliaria debido a la edad (mayores de 70 años) y a alguna enfermedad. Pero, como en el caso del ex cabo Marandino, violan ese beneficio constantemente paseando por la ciudad donde residen. Otros, según se supo, se encuentran en libertad por disposición de la Cámara Nacional de Casación. Por eso, la premura para que el juicio oral y público comience cuanto antes. Y cuanto antes se conozca la verdad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario