CAUSA POR APROPIACIÓN DE BEBÉS
Caso Noble: piden anular las muestras de ADN
Los hijos de la dueña del diario Clarín lo solicitaron ante la Cámara de Casación Penal.
ADN. Marcela y Felipe Noble se sometieron a una extracción de sangre el pasado 29 de diciembre. Días después, el juez Bergesio ordenó una requisa domiciliaria para tomar muestras biológicas de cepillos de dientes y cabellos. (DyN)
Marcela y Felipe Noble, los hijos adoptados por la dueña del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, solicitaron este jueves ante la Cámara de Casación Penal la "nulidad" de la requisa de material biológico que retiraron de sus domicilios y que fue ordenada por el juez federal de San Isidro, Conrado Bergesio. Ambos están sospechados de ser hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar.
La impugnación, fue presentada por su abogado, Jorge Ansorreguy y apunta a que esas muestras carezcan de valor para el examen de ADN que permita establecer la verdadera filiación de los jóvenes. El letrado reivindicó que los exámenes ordenados por la casación se realicen sólo con la muestras de sangre obtenidas el pasado 29 de diciembre cuando Felipe y Marcela se presentaron en el Cuerpo Médico Forense para realizarse una extracción.
Dos días después, el juez a cargo de la causa promovida por las Abuelas Plaza de Mayo ordenó la requisa de cepillos de diente y de pelo de los jóvenes, en los términos planteados por la recientemente sancionada Ley de Banco Nacional de Datos Genéticos.
Durante 2008, Bergesio y luego la Cámara de Casación habían determinado que la sangre de Felipe sólo se cruzara con las muestras de las familias García-Gualdero, y la de Marcela con las de Lanouscou-Miranda. Sin embargo, el juez replanteó esa decisión debido a que en ese momento Abuelas de Plaza de Mayo aún no era querellante de la causa y que el expediente se basaba en el pedido de dos grupos familiares.
El Banco Nacional de Datos Genéticos está en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología y funciona en el Hospital Durand, donde hay centenares de muestras de familias con nietros desaparecidos. El Cuerpo Médico Forense carece de instalaciones propias para realizar el examen de ADN, de modo que recién al fin de la feria judicial sorteará entre los laboratorios inscriptos a cuál deriva las muestras.
Una vez allí, el trámite de identificación con un 99.99 por ciento de certeza demanda entre 15 y 20 días.
Fuente: www.criticadigital.com
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Una legión de leguleyos castrenses da aliento y apoyo a represores detenidos
Foto: Sur
Por Raúl Arcomano
rarcomano@miradasalsur.com
Los abogados vienen marchando. No todos, pero sí un grupo más o menos numeroso que se juntó hace seis meses para hacer algo por los “presos políticos”, ese eufemismo con el que llaman a los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La génesis de la red de leguleyos sucedió hace un año, en el verano de 2009. Se juntaron primero veinte, que pronto se multiplicaron por diez. En agosto último dijeron todos para uno, uno para todos, y parieron la asociación. De Abogados por la Concordia y la Justicia, la bautizaron. Concordia, una palabra de moda entre los seguidores de las dos pe: pandistas y procesistas. Cinco meses después, ya son 300. Con un férreo compromiso por la defensa y el apoyo a los reos de las fuerzas armadas y de seguridad.
El objetivo de la ONG es, dicen, “bregar por la vigencia irrestricta del estado de derecho, fomentar y difundir el conocimiento de las ciencias jurídicas y sociales y contribuir al perfeccionamiento de la legislación y de los procesos judiciales”. Y buscar la “pacificación nacional”, esas palabras que lo que en verdad buscan decir es: amnistía a los criminales de la dictadura. Diego Guelar, al menos, no dio tantas vueltas al pedir un perdón para los militares. La gacetilla que dio cuenta del nacimiento de la asociación asegura: “Con auspicio de la fuerte presión ideológica del Gobierno, se ha conseguido forjar en los tribunales una visión asimétrica, falsa y unilateral, de lo ocurrido en el país hace treinta años, inmolándose los principios jurídicos más básicos de las sociedades civilizadas”. Como consecuencia de ello –argumentan– cientos de sus camaradas son “sometidos a procesos viciados, en condiciones vejatorias, algunos con años de encierro y sin condena”. En este “momento oscuro que vive la Patria” se proponen levantar –sostienen– las banderas de la “concordia y la reconciliación”. Dos palabras que repiten mucho, en sus escritos y cuando hablan.
El 12 de agosto se aprobaron los estatutos y se eligieron autoridades por el término de tres años. El presidente es Alberto Solanet. Su vice, Gerardo Palacios Ardí. El secretario, Mariano Gradín; el tesorero, Oscar Vigilan; y los vocales, Juan Pablo Chevalier Boutell, Eduardo Bieule y Rafael Algorta. Bieule es –además– el actual presidente de la Corporación de Abogados Católicos, una institución ultraconservadora que durante muchísimos años comandó Solanet. Dejó el bastón de mando de la entidad a fines del año pasado.
Vayamos a Solanet, que es el alma máter de los picapleitos. Es un abogado que regentea con otros colegas el estudio Solanet, Moreno Hueyo & Di Paola. Tiene un hermano que es más conocido que él: Manuel. Qué familia los Solanet. Manuel es ingeniero y tiene posgrados en economía. Y posee un florido CV: fue asesor de Adalbert Krieger Vasena durante el onganiato, estuvo con José Alfredo Martínez de Hoz en los primeros años de la dictadura y fue secretario de Hacienda de Roberto Alemann. Una familia tipo. Tipo verde oliva.
Alberto Solanet es asiduo concurrente a las páginas del correo de lectores de La Nación. En la tribuna doctrinaria viene desparramando su prosa en temas disímiles. Es que los intereses del doctor Solanet parecen ser amplios: no pierde oportunidad de declararse en contra del aborto, de la eutanasia, de la unión civil, de las travestis, de la despenalización del consumo personal de drogas, del uso de células madres. En algunos casos, a título personal. En otros, lo hacía como presidente de la Corporación de Abogados Católicos. En ese diario publicó en abril último, con gran despliegue, la nota “El Bicentenario y la pacificación nacional”.
Empieza allí: “Hace medio siglo aparecieron los primeros focos de la guerrilla rural en la provincia de Tucumán, y de la acción de éstos y otros grupos que en los años siguientes recurrieron a la violencia fue expandiéndose una verdadera guerra interior”. Luego desarrolla: “En los últimos cinco años, se acentuó el hostigamiento contra militares y policías. Se anularon los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema; el Congreso anuló las leyes que habían extinguido las acciones penales, reabrió los procesos y vulneró la garantía de la cosa juzgada; asimismo, ejecutó un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional”. Y remata: “La situación es hoy extremadamente grave”.
También ha escrito en el diario Clarín. En el suplemento Valores Religiosos, una nota titulada “Pacificación”, en la que sostiene que el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado “alienta el odio y la desintegración social, al empujar a los más extremados a reacciones graves e imprevisibles”. Días atrás también tuvo una aparición en uno de los noticieros de la CNN. Para mostrar su desconcierto sobre –vade retro– el primer casamiento gay en Tierra del Fuego. Aire y gráfica para vociferar sus ideas no le faltan.
Hay un texto que redactó Solanet a modo de balance. Al menos eso parece. Es reproducido en las decenas de blogs pro castrenses que inundan la web. “Hoy hay más de 600 presos políticos, y son presos políticos por cuanto su detención obedece a una decisión política, inspirada en oscuros designios ideológicos. Para ello, el Gobierno se vale de la complicidad de jueces miedosos y corruptos”, escribió. Y advierte: “Éstos deben saber que enfrente tienen a trescientos abogados que los estamos mirando”. En un documento de unas veinte páginas elaborado en noviembre, la asociación de abogados dice que los militares son “perseguidos por haber combatido en los años 70, por los deberes propios al servicio de armas y según las órdenes del Estado, a milicias irregulares armadas, dirigidas y entrenadas por países extranjeros para asaltar el poder e imponer en el país un régimen comunista”. “Los presos políticos son –agrega– víctimas de la persecución judicial organizada por el gobierno argentino y la fenomenal campaña de propaganda montada para desvirtuar un lamentable conflicto caracterizado como guerra civil revolucionaria.”
Visitas higiénicas. La red de cuervos tiene el trámite de la personería jurídica “avanzado”. Sus actividades incluyen “concurrencias metódicas” a las cárceles de Marcos Paz, Ezeiza, Campo de Mayo y Villa Devoto. Lo hacen desde hace un año, todos los miércoles. También llevan adelante otras acciones para afianzar a la ONG. Una comisión de miembros fue a Rosario, donde se entrevistaron con el Colegio de Abogados de esa ciudad. Estuvieron con familiares de militares detenidos y visitaron la cárcel federal y provincial. En Córdoba se reunieron el vicepresidente de la Cámara Federal y charlaron con los cautivos de Bower, la prisión en la que Luciano Benjamín Menéndez viste un traje a rayas. “En ambas ciudades dejamos sentadas las bases para la conformación de asociaciones similares a la nuestra”, reconoció Solanet en su texto.
Otro acto importante de la asociación ocurrió en octubre. Ese mes organizaron una mesa redonda en el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires. El tema del encuentro: “El Bicentenario, la justicia y la concordia”. Los panelistas fueron José María Bandieri, Vicente Massot y Jorge Vanossi. Massot, se sabe, gusta de ese tipo de eventos y temáticas. Es el director del diario La Nueva Provincia, ostenta una prosa procesista y fue un asiduo visitante de la Esma en tiempos dictatoriales. Vanossi, en tanto, es un radical que fue ministro de Justicia de la Alianza y ahora es miembro del grupo Aurora, que lidera el escritor de pasquines Marcos Aguinis. La Nación informó sobre el acto: “Se coincidió en la necesidad de acabar con el ‘espíritu de revancha’ –que atribuyeron al oficialismo– y apelar a la ‘racionalidad’ para arribar a 2010 en un clima de concordia por medio de un acuerdo político que fue definido como ‘indispensable’.”
La asociación participó también del acto del 5 de octubre en plaza San Martín para homenajear a “las víctimas del terrorismo”. ¿Cuál fue el lema del cónclave? Sí: concordia. Habló Tomás Bosch en representación de los abogados castrenses. “Aquellos años en que unas bandas armadas desataron la guerra revolucionaria en la Argentina dejaron estos miles de víctimas que hoy honramos en esta plaza y que para el Gobierno y sus secuaces parece que nunca existieron. Pero también han traído una nueva clase de víctimas, confinados en prisiones abyectas y privados de todo derecho”, se quejó.
“En los últimos cinco años –dijo– se ha ido acentuando el hostigamiento contra militares y policías. Esa persecución tuerta está presente también en la forma que se llevan los juicios: prisiones preventivas que se extienden a lo largo de muchos años, hasta convertirse en verdaderas condenas sin sentencia; negación de prisión domiciliaria a ancianos octogenarios; rechazo de testigos de la defensa y aceptación como prueba de cargo de dudosos testigos de la acusación; concesión del carácter de querellantes a organizaciones que se dicen defensoras de los derechos humanos que no son damnificadas. A todo lo cual se agrega un hecho que solivianta el ánimo: más de 50 hombres han muerto ya en las mazmorras del régimen.”
El abogado señaló que la asociación la integran hombres y mujeres “para quienes el derecho no es una mera profesión, sino antes bien una vocación y un ideal, a los que queremos ser fieles.” Y que comenzaron “a reemplazar la crítica individual y estéril por la decisión de hacerle frente a ese programa demoledor”. Bosch dice que toda la justicia federal está dedicada a “perseguir hombres maduros o ancianos por hechos ocurridos hace ya cuarenta años”. Y que mientras eso pase, persistirán otros problemas. Por ejemplo: “Bandas amenazantes nos impiden circular por caminos o rutas, y la Corte Suprema bendice el consumo de drogas.”
Un mes después la asociación llegó al exterior. Al Congreso de la Unión Internacional de Juristas Católicos, realizado en Madrid, Bieule dio a conocer los objetivos del grupo. “Destacamos la relevancia de esta presentación, atento a la importancia de los representantes de los países concurrentes y la estrecha relación que mantiene la institución con la Santa Sede”, se emocionó Solanet. Contactos con la Iglesia parecen no faltarles. Dicen haber mantenido entrevistas con el nuncio apostólico y con obispos. También con dirigentes políticos, asociaciones afines, militares en actividad y personal del sistema Penitenciario Federal. Tampoco se pierden “las audiencias en las distintas causas en que estén involucrados los presos políticos, muchas de ellas con bastante similitud a un circo romano”, reconoció Solanet.
Miradas al Sur llamó a Alberto Solanet a su estudio. El diálogo duró poco menos que un suspiro.
–Soy periodista del semanario Miradas al Sur. Quería saber cómo está conformada la asociación de abogados que integra y cuáles son sus objetivos.
–Por teléfono no puedo decir nada. No hago declaraciones. No lo conozco a usted y tampoco al diario Sur.
–¿Siguen ayudando desde la asociación a represores?
–Sí. Seguimos trabajando.
–¿Están visitando cárceles?
–No le voy a dar información. Discúlpeme. Son razones prudenciales.
–Le pregunto por hechos básicos. Es más: hay información pública sobre las actividades de la asociación, realizada por ustedes mismos.
–Sí. No tengo nada que ocultar. Pero las informaciones hoy se cruzan y después los medios las tuercen –concluyó el abogado.
La información se dobla, Solanet, pero no se tuerce.
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POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
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