| declararon los represores | |||||||||||||
Luis y Carlos De Cándido (ex agentes policiales); Roberto “El Tuerto” Albornoz (ex jefe del Servicio de Información Confidencial de la Policía de Tucumán entre 1975 y 1978); Mario Alberto Zimmermann (ex teniente coronel del Ejército a cargo de la Jefatura de Policía); Alberto Luis Cattáneo (ex segundo comandante de la V Brigada de Infantería del Ejército entre 1975 y 1976); Antonio Domingo Bussi (ex jefe comandante de la V Brigada de Infantería y ex gobernador de facto) y; Luciano Benjamín Menéndez (ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército). En ese orden, fijado de menor a mayor cantidad de imputaciones, los represores serán nombrados hoy por el presidente del Tribunal Oral, Carlos Jiménez Montilla, quien les preguntará a cada uno si quieren declarar por los delitos de lesa humanidad por los que son acusados y serán juzgados durante el debate oral y público. Las expectativas están puestas es escuchar una vez más a Bussi y Menéndez, quien fueron las máximas autoridades militares en la provincia durante los años negros de los ‘70. Este paso se cumplirá luego de que los imputados ya escucharon ayer los hechos y delitos de los que se los acusa en la megacausa ex Jefatura de Policía. Según el cronograma del Tribunal Oral, mañana se iniciará el desfile de los 114 testigos que culminará el 7 de abril, con la presencia de los ex ministros de la Presidencia de María Estela Martínez de Perón: Carlos Ruckauf (de Trabajo) y Antonio Cafiero (Economía). Laura Figueroa será la primera abogada querellante que hará uso de la palabra, en defensa de tres víctimas: Carlos Apaza, Hugo Díaz y Joaquín Ariño, quienes fueron secuestrados y mantenidos en cautiverio en el centro clandestino de detención de la ex Jefatura. |
| PRIMER DÍA DEL DEBATE |
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| Se leyeron los casos de las 22 víctimas desaparecidas |
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| Las imágenes de las víctimas estuvieron presentes de la mano de sus familiares en el inicio del debate oral y público a los represores. |
En una jornada sin incidentes ni sobresaltos -como sucedió en el primer juicio que se realizó en agosto de 2008-, y con la concentración de militantes y organismos de derechos humanos fuera del Tribunal, comenzó ayer el debate oral y público a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez y otros cinco imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía, lugar que funcionó como uno de los centros clandestinos de detención más sangrientos durante la última dictadura militar en la provincia.
Cuando los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi (camarista santiagueña) ingresaron a la sala de audiencia, donde ya estaban sentados en el banquillo de los acusados, en este orden, Bussi (en silla de ruedas), Alberto Luis Cattáneo, Roberto “El Tuerto” Albornoz, Albino Mario Alberto Zimmermann y los hermanos Luis y Carlos De Cándido. Menéndez permaneció aislado en una sala del primer piso del edificio judicial.(ver aparte).
Los acusados se colocaron detrás de sus defensores. Bussi y Cattáneo son defendidos por el defensor público oficial Edgardo Bertini y el defensor adjunto Pablo Lauthier, mientras que los ex agentes policiales De Cándido están representados por el defensor público oficial Ciro Vicente Lo Pinto y el adjunto Roberto Flores. Alberto Zimmermann, por Eduardo Brandán y “El Tuerto” Albornoz, por Ezequiel Avilla Gallo (h). Menéndez otra vez es defendido por Horacio Guerineau y Ricardo Fanlo.
Como primer paso, el secretario de Derechos Humanos ante el Tribunal Oral, Mariano García Zavalía comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio que realizó en su momento el fiscal federal Nº1, Emilio Ferrer, quien estuvo a cargo de la investigación. En ese escrito, se detalló el contexto histórico que dio comienzo a un plan sistemático de exterminio en manos de las fuerzas militares que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, pero que había empezado a germinarse con el llamado Operativo Independencia, instalado por el gobierno de María Estela Martínez de Perón a través del polémico decreto del 5 de febrero de 1975..
Después se describió cómo funcionaba la ex Jefatura de Policía durante los años de la dictadura. Allí, las víctimas permanecían detenidas entre tres a cuatro días, eran interrogadas en salas de torturas, comían sólo dos veces por día “sobras” de la cárcel del penal de Villa Urquiza, entre otras atrocidades que se detallaban en el expediente.
Después, se mencionaron los casos de las 22 víctimas que incluye la megacausa. Se trata del periodista José Ramos y su esposa Alicia Cerrota de Ramos, Marta Coronel, Rolando Coronel, Marta López, Cerafina López, Francisco López, Juan Carlos López, Carlos Ramón Apaza, Edgardo Bordón, Graciela Bustamante de Argañaraz, Ricardo Correa, Adriana Mitrovich, Horacio Ferreira, , Hugo Díaz, Daniel Fontanarrosa Larraza, Joaquín Ariño, Diana Oestherheld, Raúl Araldi, Enrique Abdón, Angel Garmendia y Raúl Lechessi.
La ex Jefatura de Policía está ubicada en la manzana comprendida entre las avenidas Salta y Sarmiento, Junín y Santa Fe, donde actualmente funcionan algunas dependencias del ministerio de Educación y la Brigada de Investigaciones de la Policía de Tucumán, fue uno de los escenarios del horror de las torturas y homicidios que ocurrieron en la provincia cuando Bussi era comandante de la V Brigada de Infantería, bajo el mando de Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército. En ese entonces, Cattáneo era el segundo de Bussi, como segundo comandante de la subzona 32 y jefe de la Comunidad Informativa de Tucumán; mientras que Zimmermann estaba al frente de la fuerza policial. Albornoz fue subjefe de la Policía de Tucumán y jefe del Servicio de Inteligencia Confidencial (SIC); mientras que el resto de los procesados era agente policial.
La lectura se interrumpió a las 11.48, por un cuarto intermedio de 15 minutos que dispuso el presidente del Tribunal, Carlos Montilla. Luego se reanudó el debate y se culminó con la lectura del pedido que realizó el fiscal para que se impute a los represores por los delitos de privación ilegítima de libertad con apremios, torturas, asociación ilícita y homicidio calificados.
La jornada de la mañana finalizó a las 13.30, cuando se pasó a otro cuarto intermedio hasta las 17.30. Hubo algunos forcejeos en el momento en que los acusados fueron trasladados en ambulancias hasta sus domicilios particulares.
En la tarde de ayer se esperaba abrir formalmente el debate y dar paso a los abogados defensores para los planteos preliminares.
Detalles de la primera jornada
Un solo funcionario: De parte del gobierno provincial, sólo estuvo presente el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Fernando Hevia.
El cuarto juez: es el juez Luis Eduardo López, de Tribunales Federales de Santiago del Estero, quien actuará en caso de que se necesite subrogar a uno de los jueces del Tribunal.
Los querellantes: Laura Figueroa, ANDHES, Bernardo Lobo Bugeau, FADETUC (Familiares de Desaparecidos de Tucumán), Daniel Mendivil y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (abogado apoderado Bernardo Lobo Bugeau).
Acusados sin familiares. Las butacas del lado de los familiares de los acusados estaban prácticamente vacías. Solo asistieron los legisladores José Luis y Ricardo Bussi, la ex intendente de la capital por Fuerza Republicana, Marta De Ezcurra, y otros allegados al ex gobernador de facto.
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Una vez más en el banquillo
Están acusados por los crímenes que se cometieron en la Jefatura de Policía tucumana. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército siguió la audiencia aislado en una sala especial por recomendación médica. Bussi llegó en ambulancia y con silla de ruedas.
Menéndez tendrá hoy la posibilidad de hacer otra vez su apología del terrorismo de Estado.
Antonio Domingo Bussi trasladado en ambulancia y con silla de ruedas. Luciano Benjamín Menéndez, aislado en una sala por pedido de sus médicos. Alberto Luis Cattáneo descompensado en plena audiencia. Las imágenes de los ex jerarcas militares del norte argentino, síntesis de las tres décadas de impunidad transcurridas, formaron parte ayer del inicio del juicio por delitos de lesa humanidad en la Jefatura de Policía de Tucumán, que funcionó a apenas siete cuadras de la casa de gobierno. El ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, que ya suma tres condenas a prisión perpetua, tendrá la oportunidad de leer hoy por séptima vez en tres años su apología del terrorismo de Estado.
El juicio oral y público por secuestros, torturas y homicidios en Jefatura, como la llaman los tucumanos, comenzó minutos después de las diez de la mañana. El edificio de Chacabuco y Crisóstomo Alvarez estuvo cercado por un fuerte despliegue de Gendarmería, con un centenar de efectivos. La lectura del requerimiento de elevación a juicio, que insumió toda la jornada, tuvo como música de fondo las voces de más de doscientos militantes de derechos humanos y de partidos de izquierda, que desde la calle exigían justicia y cárcel a los genocidas.
Menéndez, quien llegó el lunes a la noche desde Córdoba, fue ubicado en una sala especial del primer piso, desde la que siguió el desarrollo de la audiencia. “Se tomó la decisión de habilitar ese lugar por pedido de los médicos oficiales, quienes consideran que por su salud no puede compartir lugares donde hay mucha gente”, explicó el juez Carlos Jiménez Montilla, presidente del Tribunal Oral Federal de Tucumán que también integran Gabriel Casas y Josefina Curi.
Bussi llegó en ambulancia desde la residencia donde cumple su arresto domiciliario, en el country de Yerba Buena, y se movilizó en silla de ruedas con asistencia médica permanente. Quienes presenciaron hace un año y medio el juicio que culminó con su primera condena, por la desaparición del senador justicialista Guillermo Vargas Aignasse, lo vieron ayer con mejor porte. El único imputado que debió ser asistido, por una descompensación, fue el general retirado Cattáneo, ex segundo jefe de la Brigada de Infantería V que comandaba el ex gobernador tucumano.
La lectura de los requerimientos incluyó un detallado relato de la metodología utilizada por el Estado durante la última dictadura, para secuestrar a personas que luego eran torturadas en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía, entre otros. Los fiscales sostuvieron que los imputados formaron parte de una asociación ilícita que operaba en todo el país. Si los jefes citados junto con el ex jefe de policía, coronel Albino Mario Zimmerman, tenían responsabilidad mediata sobre la amplia gama de delitos que allí se cometían, la acusación fiscal sindicó al ex comisario Roberto Albornoz como la persona que daba las órdenes a los grupos de tareas, que actuaban por lo general de noche. El “Tuerto” Albornoz era jefe del Servicio de Información Confidencial (SIC) de la policía provincial.
“La investigación prueba que hubo un plan sistemático llevado a cabo en forma conjunta por militares y policías, que ingresaban a los domicilios particulares sin orden judicial, y se llevaban a las víctimas a un centro clandestino de detención”, resaltó el abogado Emilio Guagnini, uno de los querellantes en la causa. Julia Vitar, abogada de H.I.J.O.S. regional Tucumán, resaltó que los grupos de tareas “violaban sistemáticamente los derechos humanos atacando a grupos de personas, actos que no pueden encuadrarse en una guerra, como ellos argumentan”.
Hoy concluirá la lectura de las acusaciones y los imputados podrán hacer uso de la palabra, en tanto a partir de mañana comenzarán a declarar los 114 testigos previstos. Al comienzo y al final de los tres juicios que afrontó como máximo responsable de la represión ilegal en once provincias argentinas, Menéndez leyó un texto para justificar su actuación. En la última oportunidad, además, terminó de aniquilar las pocas chances de supervivencia en su cargo del fugaz ministro de educación porteño Abel Posse. Hoy retomará la palabra.
Fuente: Pagina 12
POR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
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