Tucumán: "Marchamos para que la justicia deje de mirar para otro lado"
Por Fuente: ContraPunto - Tuesday, Oct. 20, 2009 at 8:05 PM
PUEBLOS ORIGINARIOS | MOVILIZACIÓN A PLAZA INDEPENDENCIA POR EL ASESINATO DE JAVIER CHOCOBAR
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Fotos: EUGENIO ADORNI- ContraPunto
La Unión de la Nación del Pueblo Diaguita encabezó hoy una importante movilización para reclamar justicia ante el asesinato de Javier Chocobar por parte del terrateniente Darío Amín y ex policías a su servicio, que dejó además un saldo de 4 heridos, uno de ellos en grave estado. El ataque se llevó a cabo en la localidad de El Chorro, Trancas. Vuelven a exigir que el estado cumpla con sus obligaciones y respete el derecho de los Pueblos Originarios en la provincia, en particular la Ley 26.160. CONTRAPUNTO.
Mientras los medios de comunicación masiva de la provincia siguen presentando y reduciendo el hecho a algo policial, hoy cerca de 700 personas movilizaron a plaza Independencia desde las distintas Comunidades de la provincia para reclamar el cese a la violencia y persecución a los Pueblos Originarios de la provincia. Exigen que se cumplan las leyes que los protegen y reclaman juicio y castigo a los autores del asesinato de Don Javier Chocobar (de 68 años), miembro de la Comunidad Indígena de Chuschagasta (Trancas), perpetrado por Darío Amín, reconocido terrateniente de la zona, y dos ex policías Jorge Valdivieso y Luis Gómez; este último, compañero de andanzas del represor Mario “Malevo” Ferreira en el Comando Atila, grupo parapolicial liderado por este último.
Las comunidades informaron que "el ataque se hizo con la complicidad de ex oficiales exonerados: Luís Gómez, cuñado del actual Jefe de Policía de la provincia Hugo Sánchez, y José Valdivieso, quienes arremetieron con armas de fuego de grueso calibre a miembros de la Comunidad que se encontraban en actitud pacífica cuidando los recursos naturales comunitarios".
"Los agresores eran legionarios al mando del tristemente célebre “Malevo Ferreira”, enlistados en la asociación ilícita 'el Comando Atila'. Por este motivo, alertamos a la opinión publica en general, a las organizaciones sociales y de derechos humanos, la gravedad de la situación que viven los hermanos de Chuschagasta ya que fueron objeto de una brutal agresión" manifestaron los oradores del acto.
El Cacique de la Comunidad manifestó -entrevistado por ContraPunto- que "la Comunidad está destrozada, porque nunca hubiésemos pensado que pase una cosa como ésta, que los lleve la avaricia y la ambición a estos terratenientes, como Darío Amín, a asesinar a sangre fría a gente que no tenía ni siquiera un palo, que al último se tuvieron que defender con piedras para que no sea una masacre mayor". Agregó que "ellos se han dado a la fuga, y ahora están presos, pero eso no basta, queremos que la justicia deje de mirar para otro lado. Hoy nos atacan más por que antes éramos invisibles, y ahora estamos saliendo de la invisibilidad y los terratenientes están con temor de perder lo que ellos consiguieron matando a los Pueblos Originarios". "Mientras no los veamos tras los barrotes a los responsables, no vamos a tener fe ni expectativas en la justicia" concluyó.
Con respecto a la causa abierta, desde ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) agregaron que "está investigando la justicia tucumana, tanto el homicidio como las lesiones graves de los heridos de bala. Se están tomando declaraciones a los imputados y esperamos que se dicte prisión preventiva como corresponde en estos casos, atento al nivel de violencia y al riesgo cierto que los imputados se fuguen".
Complicidad e inacción política
Referentes de la Comunidad de Chuschagasta denunciaron que esto no es nuevo, que "los poderosos siempre tienen la justicia a favor de ellos" y hoy siguen recibiendo amenazas por mensajes de texto con rumores de desalojos. "Personas del mismo gobierno son las que están actuando para apropiarse de nuestras tierras". Como ejemplo de esto nombraron a Silvia Chiarello, delegada de Ancajuli que intentaría hacerles firmar papeles de propiedad a ancianos de la Comunidad, hostigándolos permanentemente para después presentarse como dueña de esas tierras.
Sara Mrad, de Madres de Plaza de Mayo, se solidarizó y manifestó que "las comunidades desde hace muchos años vienen soportando el atropello, el asesinato y la muerte, siempre por intereses económicos. Por eso las Madres no podíamos estar ausentes hoy, porque los Pueblos Originarios son un ejemplo de resistencia durante tantos siglos, es por eso nuestro abrazo solidario. Tengamos en cuenta que la única lucha que se pierde es la que se abandona".
La semana pasada, miembros de las Comunidades fueron recibidos por el Secretario de Derechos Humanos del gobierno provincial, Daniel Posse, quién se comprometió a avanzar en el cumplimiento de los derechos que se reclaman. Valentina García Salemi, abogada de ANDHES, dijo que "las respuestas de los funcionarios fueron bastante evasivas, muy abstractas en el sentido de encontrar rápidamente soluciones estructurales a este problema". Esta semana también hubo una reunión con el Defensor del Pueblo, en la que se avanzaron algunos puntos. "Seguimos reclamando que los funcionarios accionen en consecuencia de lo que corresponde a las constituciones nacionales y provinciales", sostuvo la abogada.
¿Un enfrentamiento?
José Valdiviezo ya declaró y fue imputado de homicidio simple. Según alegaron en declaraciones a La Gaceta -que sigue levantando la teoría del enfrentamiento-, ellos "se defendieron del ataque de un grupo de hombres", que "no querían causar problemas" pero que "mientras estaban trabajando fueron agredidos por los comuneros con piedras lajas, palos y machetes". Alegaron defensa propia, aunque para considerarlo, la defensa tiene que ser proporcional al ataque, y quienes tenían armas de fuego y dispararon contra los miembros de la comunidad fueron estas tres personas, matando a Chocobar e hiriendo a cuatro personas, entre ellas un niño, al tiempo que Andrés Mamani se encuentra en grave estado en el Hospital Centro de Salud. La causa la está investigando el fiscal Arnoldo Suasnábar.
Solidaridad
Desde toda la provincia llegaron desde temprano delegaciones a la plaza Independencia, las distintas Comunidades de la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita se congreraron masivamente, a pesar de las dificultades en poder llegar desde sus lugares de origen, muchas veces sin posibilidades de transporte público y dejando sus obligaciones laborales. Las banderas whipalas flamearon una vez más por las calles de la capital tucumana desde Tafí del Valle, Amaicha, Casas Viejas, El Mollar, Quilmes, Colalao del Valle, El Tolombón, Pueblo Lule, Chuschagasta, La Angostura, San Pedro de Colalao, El Nogalito, Potrero y el resto de las comunidades integrantes de la Unión. Antes de marchar, se hizo una ofrenda a la Pachamama en el centro de plaza.
También participaron de la movilización delegaciones de Pueblos Indígenas de Salta y Jujuy, que acercaron su solidaridad una vez que la movilización se apostó frente a los tribunales de calle Sarmiento. Además, marcharon junto a las comunidades organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, ANDHES, H.I.J.O.S, APDH y organizaciones políticas y sociales, entre las que estuvieron Fogón Andino, Estudiantes de Trabajo Social, Partido Obrero, Autoconvocados de la Salud, CCC, PCR, Sindicato Municipal de Aguilares, La murga Los Tocafondos del Centro Cultural de La Bombilla, Tucumán Danza, Familiares de Víctimas contra la Impunidad de Tucumán y ASANOA, entre otras.
La columna de manifestantes llegó a ser cerca de 700 personas, cubrió cerca de 2 cuadras y media, y se dirigió al juzgado provincial. Luego volvió hacia plaza Independencia para concluir frente a los Tribunales Federales de Congreso y Las Piedras, en donde volvieron a exigir el cumplimiento de la Ley 26.160 que prohíbe los desalojos en las Comunidades hasta tanto no se realice el relevamiento territorial en la provincia.
CONTRAPUNTO | Prensa Alternativa
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Por Fuente: ContraPunto - Tuesday, Oct. 20, 2009 at 8:05 PM
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Hartos de la impunidad y el desalojo de sus tierras, bramaron por justicia
Por Argenpress.info - Friday, Oct. 23, 2009 at 11:12 AM
por Esteban Stanich (PRIMERA FUENTE)
La Cámara Federal de Apelaciones fue una de las principales destinatarias de la bronca expresada por las comunidades autóctonas en el marco de una masiva movilización realizada ayer. Acusan a camaristas de no respetar una ley que frena el desalojo de los pueblos originarios de sus tierras. “Con sus fallos, ellos pusieron las armas en manos de los asesinos para que gatillen”, acusó Demetrio Valderrama, cacique de la Comunidad de Chuschagasta, donde terratenientes asesinaron a un referente local. Temen que la impunidad impida que la Justicia provincial condene a los ex policías acusados del crimen, por aparentes vínculos con políticos y altos mando de la fuerza.
Provenientes desde cada rincón de la provincia, huipalas en mano, representantes de diversas comunidades indígenas realizaron ayer una histórica marcha en reclamo al respeto de sus derechos. Los destinatarios de los reclamos, el Gobierno y la Justicia, fueron responsabilizados por la impunidad y la crisis social que históricamente vienen padeciendo los pueblos originarios en esta parte del país.
Es que la sensación de abuso y desprotección que las comunidades transmiten a partir de la innumerable cantidad de atropellos que vienen padeciendo, obliga en forma indefectible a responsabilizar a funcionarios políticos y judiciales ante semejante situación.
Desalojos de tierras ancestrales, contaminación ambiental por proyectos de diversa índole avalados por el Estado, represión policial al servicio de terratenientes y el reciente asesinato del comunero diaguita Javier Chocobar, estuvieron presentes en cada reclamo y testimonio que la multitud dirigió al Gobierno y los funcionarios judiciales locales y federales, en el transcurso de la movilización.
Frente a los Tribunales de Las Piedras y 9 de Julio, la bronca de los manifestantes se depositó en la Cámara Federal de Apelaciones. A sus integrantes se los acusa de haber revocado una medida cautelar dictada juez subrogante Nº 2, Mario Racedo, que impedía la expropiación de las tierras de la Comunidad de Chuschagasta, (localidad de El Chorro, departamento Trancas) de la que dependen alrededor de 2 mil personas.
Justamente, se sostuvo que el polémico fallo de los camaristas dio impulso para que los terratenientes intenten arrebatar las tierras indígenas. Un ejemplo que dieron fue el asesinato del Chocobar (se desempeñaba como vocal primero de la comunidad) el pasado 11 de octubre. “En realidad fueron ellos –por los camaristas federales- los que pusieron las armas en manos de los asesinos para que gatillen”, acusó Demetrio Valderrama, cacique de la Comunidad de Chuschagasta.
Ese día, el terrateniente Darío Amín, junto a los exonerados ex policías Luis "el niño" Gómez y José Valdiviezo, irrumpieron violentamente en las tierras comunitarias causando la muerte de Chocobar –recibió un disparo en su abdomen- y cuatro heridos de bala.
En la protesta también se exhortó a los magistrados judiciales a que de una vez se haga cumplir la ley federal 26.160 que prohíbe cualquier tipo de desalojo a los pueblos originarios de sus territorios hasta que se culmine con un relevamiento territorial.
“Nuestra comunidad está destrozada. Hubo varios intentos por querer apoderarse de nuestras tierras –suman aproximadamente 11 mil kilómetros cuadrados- pero nunca creímos que lleguen a tanto. El dolor que sentimos por la muerte de nuestro hermano es enorme. Nos sentimos desprotegidos y tememos que los contactos de los asesinos con el poder los deje en la calle de nuevo. La vida que tenemos la dejaremos en defensa de nuestras tierras”, manifestó a primerafuente Balderrama.
El reclamo de los indígenas también fue llevado ante los Tribunales locales y ante La Corte de Suprema Justicia para que los asesinos, a los que se les atribuyen fuertes contactos con legisladores y altos jefes policiales, sean condenados. En tanto, al máximo organismo de Justicia provincial se le pidió una pronta resolución en cuanto a la causa por el desalojo de 40 familias de la Comunidad India Quilmes, en Colalao del Valle.
De la marcha participaron referentes de varias pueblos indígenas de la región (principalmente diaguita y lule), referentes de Madres de Plaza de Mayo, de organizaciones de izquierda, agrupaciones estudiantiles universitarias y ONG ambientalistas, entre otros. Durante la movilización, una comisión mantuvo un encuentro con el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Posse.
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