Los integrantes del Consejo Comunitario de Aborígenes de Rodero dieron a conocer la situación conflictiva que están viviendo por la falta de entrega de los títulos de "propiedad comunitaria" de las tierras que ocupan en forma ancestral por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, los cuales debe firmar el gobernador, según dijeron.
Los trámites los vienen realizando desde el 2001, bajo el expediente 0757- 0455. En una reunión de la que participó el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Pablo Lozano, de Fiscalía de Estado las abogadas Felicitas Velarde y Rosario Hinojosa, los funcionarios manifestaron a la comunidad -según sus referentes- que se entregarían los títulos de las tierras con la condición de que la comunidad entregue el 7% del total de ellas o que se podría negociar hasta un 3% del territorio, con el argumento de que serán utilizadas para la construcción de edificios públicos y urbanizaciones.
Pero por unanimidad, en asamblea la comunidad declaró su negativa a entregar "nuestras tierras y territorio".
Es por ello que exigen el respeto de sus derechos establecidos y reconocidos en el Convenio 169 y exigen que se cumpla con el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y el derecho a la posesión, a la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y de esta manera evitar el desmembramiento de sus raíces socio -culturales (siembra, pastoreo, reserva de sus hierbas medicinales).
No está establecido
En este sentido, la dirigente Nimia Apaza destacó que "no hay Ordenanza ni Ley que establezca que la comunidad debe entregar un porcentaje, y si la hubiera sería inconstitucional. Porque la Constitución establece la entrega, el reconocimiento de la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
“Ese 7 por ciento significaría una importante superficie de territorio, ya que Rodero es muy grande porque cuenta con varios parajes como Juiri y Ronque", agregó Apaza, que señaló que seguirán esperando la decisión de las autoridades por un tiempo prudencial, y que luego los miembros de la comunidad decidirán los pasos que se darán por este asunto.
FUENTE : EL TRIBUNO
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